Reunión del 05 de agosto de 2020
Presiden: Señores Representantes Sebastián Cal, Presidente y Martín Melazzi, Vicepresidente.
Miembros: Señora Representante Valentina Dos Santos y señores Representantes Sergio Mier, Gonzalo Onetto, Gabriel Tinaglini y Javier Umpiérrez Diano.
Delegados de Sector: Señores Representantes Marne Osorio Lima, Juan Martín Rodríguez y Carlos Varela Nestier.
Invitados:
Por la Sociedad de Mineros del Uruguay, ingeniero Miguel Curbelo, Presidente; contador Facundo Ferro; ingeniero Walter Cannata y licenciado Rafael Ogando, de la Gremial de Mineros.
Secretario: Señor Guillermo Geronés.
Prosecretaria: Señora Margarita Garcés.
Versión taquigráfica de la reunión
(Ingresa a Sala una delegación de la Sociedad de Mineros del Uruguay)
SEÑOR PRESIDENTE.- Buenos días La Comisión agradece la presencia de la delegación de la Sociedad de Mineros del Uruguay; esta sociedad solicitó ser recibida y lo estamos haciendo en el día de hoy. Está integrada por su presidente, ingeniero Miguel Curbelo; el contador Facundo Ferro; el ingeniero Walter Cannata, y el licenciado Rafael Ogando
SEÑOR CURBELO (Miguel).- Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Nosotros somos la gremial de los mineros, es decir de los titulares o propietarios de establecimientos mineros. Nuestra gremial es muy joven; fue fundada hace dos años. La razón de su fundación fue corregir la inmerecida mala imagen que tiene la minería, que goza de mala prensa, porque se identifican las cuestiones que salen mal y no las que salen bien. Si lo analizamos, vemos que la minería es una actividad muy importante para la humanidad. Tal vez sea la primera actividad que el hombre desarrolló y tanto es así que históricamente se reconocen las edades de piedra o de bronce por los avances que se tenía en ese sentido. Al día de hoy, casi no existen actividades humanas que no tenga que ver con la minería. Una vez hicimos un cuestionario y encontramos solamente dos, que son la poesía cuando no se escribe y la música cuando no se ejecuta. Cualquier otra actividad de alguna manera está vinculada con la minería. En nuestro país la minería empezó con la colonización. Los españoles fueron importantes precursores de la minería e hicieron grandes trabajos en el país en ese sentido, que mal que bien han llegado al día de hoy. Actualmente, nuestra situación es la siguiente: la mayor parte de la minería se refiere a áridos para la construcción, que es el grupo más grande de materiales que se explota, que es el tema que nos trae acá. En nuestro país los áridos para la construcción son muy buenos y están muy cerca de las poblaciones. Tenemos el privilegio de que una gran cantidad de uruguayos son propietarios de sus viviendas, estables y duraderas. El otro día vi que cuando pasó el huracán por Estados Unidos no quedó ni una casa en pie, porque son construcciones que están hechas con otro criterio. Si eso hubiera pasado acá, la mayor parte de las casas hubiera quedado en pie y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más tenemos en Uruguay? Tenemos áridos para la construcción, que es el rubro principal, como dije; tenemos ágatas y amatistas, que es algo que nos destaca en el mundo porque nuestra producción es una de las mejores y va a requerir cierto apoyo; tenemos caliza para el pórtland, que por más que el tema esté mal conversado, son productos reales que usamos; tenemos arcillas, y una cantidad de elementos a estudiar. Por ejemplo, tenemos posibilidad de tener fosfatos, arenas negras y hay bentonita. Es decir que hay unos cuantos elementos que requieren estudio para poder ingresar en el mercado. Nosotros venimos a plantear dos puntos en particular. En nuestra minería, las exploraciones mineras pagan canon. Es decir que los minerales son del Estado, que autoriza a determinada gente a sacarlos y el que lo hace paga un canon por la extracción. ¿Qué estamos pidiendo? El mecanismo de pago de canon consiste en que cada seis meses se hace una liquidación del material extraído y se paga el correspondiente canon. El minero está obligado a retener durante seis meses un dinero que va para el Estado, pero no es fácil hacerlo y a veces se mete mano; hay que pagar y se complica el asunto. Originalmente la razón de ese procedimiento era que los minerales se transportaban y tenían que llevar una guía de transporte. Esa guía era física, se hacía en papel por triplicado y una boleta iba con el mineral, otra quedaba para declarar y otra en el registro. Hoy en día con los avances tecnológicos la guía se emite en forma electrónica y queda registrada. Es decir que va directamente a Dinamige, que tiene los datos. ¿Qué pedimos nosotros? Pedimos que la liquidación en vez de ser cada seis meses sea cada dos meses, para que aligere la parte pesada para el minero y se simplifique la declaración. También pedimos un pequeño cambio en cuanto al canon. Actualmente, el canon se paga a los veinte días de declarado, pero la realidad es otra, porque es muy difícil que cuando se vende el mineral se cobre antes de los sesenta días. Nuestra propuesta es que se liquide cada dos meses y se den sesenta días para el pago del canon. Esto no afecta la recaudación del Estado, sino que la equilibra en el tiempo y es un beneficio grande para los mineros. Este es el punto fácil, pero tenemos uno difícil, que tiene que ver con las canteras de obra pública. El régimen de cantera de obra pública se instaló en determinadas condiciones para facilitar las obras que se hacían en el país. Como muchas otras actividades, después se desvirtuó y actualmente el régimen de cantera de obra pública es una facilidad que se da a las empresas, pero en realidad no es tal cosa, porque podrían comprar el material en canteras existentes. Lo peor de todo es lo que pasa después, porque termina la obra y queda una cantera para uso de todo el mundo, un agujero que nadie cuida; ambientalmente es algo desagradable. Nuestra propuesta es que cuando haya una obra pública, el titular de la obra se contacte con las canteras que estén en el entorno para ver si se llega a un acuerdo. Creemos que es racional que se use ese material y no se abra un agujero nuevo. Para ese acuerdo nosotros ponemos una condición porque podría pasar que el minero diga: "Vino la empresa, le arranco la cabeza y le cobro lo que me parece". Entonces, le ponemos un tope al acuerdo que pueden hacer. Asimismo, el mineral que sale de una cantera de obra pública no paga canon, por lo que pedimos que el material de una cantera existente que vaya a una obra pública, tampoco lo pague. El esquema general es este. Estamos a las órdenes para las preguntas que se quieran formular.
SEÑOR OGANDO (Rafael).- Lo que expresó Curbelo es una realidad que sucede en el país, porque hay dos leyes distintas para lo mismo. El Código de Minería establece cómo se deben comportar el minero y el Estado en una relación biunívoca para el aprovechamiento de un recurso. A su vez, está la ley de cantera de obra pública -se la llama así coloquialmente-, que dice: "No hagan caso de la primera ley". ¿Por qué? Porque se justificaba cuando había que hacer una vía o una carretera en un lugar despoblado del país y no había una cantera que suministrara el material necesario. Entonces, el constructor buscaba un lugar de donde extraer el material. Estamos hablando de un país de otra época, porque hoy por hoy hay canteras de lo que se quiera en cualquier lado. Sin embargo, se sigue aprovechando lo de la cantera de obra pública por parte de las empresas constructoras, haciendo una minería paralela, que es desleal con respecto a nosotros que estamos bajo el régimen del Código de Minería. Se amparan en una cuestión que es legal, a pesar de que en los cursos de derecho minero, que nosotros mismos impartimos en la facultad de Derecho, hacemos notar que es una ley absurda y mal hecha, que se elaboró para tapar un agujero en su momento y que ahora no tiene sentido que se mantenga. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que la minería legalmente establecida, que cumple con las normas ambientales, económicas, de proceso e industriales -la otra no cumple con nada-, sea tomada en cuenta en forma prioritaria cuando haya una obra pública. El Estado establece la obra pública y luego contrata a través de una licitación a las empresas. Entonces, que la empresa compre el mineral a quien lo puede proveer dentro de un régimen establecido de minería, que somos nosotros, como compra cualquier otro insumo. Para igualar precios y que no haya diferencias con respecto a los números que se manejan hoy por kilómetro de carretera, nosotros le vendemos el material al precio ficto que establece el Estado. O sea que las canteras A, B, C o Z van a ofrecer el mismo precio y la persona va a elegir la que le quede más cerca o la que tenga mejor producto para lo que necesita. A su vez, como es un destino para el Estado y no para un privado, pedimos que no pague el canon, que sería la otra ventaja que tienen quienes utilizan la ley de cantera de obra pública. Quiero que quede claro que hay una ley que dice que no se le haga caso a la verdadera ley y es un mamarracho. La actividad minera es típicamente rural, afinca personas y se piensa en treinta años con postergaciones sucesivas. Hay muchas familias que se instalan por la minería, pero si a dos cuadras hacen una cantera de obra pública y dejan un agujero abierto, todo el mundo empieza a servirse de ese lugar, ambientalmente no hay control y es ahí donde se ahogan los gurises. Eso es lo que sale en la mala prensa de la minería, pero esa no es la minería. Por eso, de una buena vez queremos empezar a poner las cosas en orden. Trajimos una idea de cómo debería redactarse la iniciativa, sin amputar definitivamente el concepto de obra pública, porque donde no hay tenemos que hacerla, pero donde hay tienen que aprovecharse en forma racional.
SEÑOR CANNATA (Walter).- Quiero hacer un pequeño aporte a lo que dijo Rafael. Si nos remitimos a la historia, en su momento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue la entidad que más construcciones importantes hizo en el país, cuando aún la minería no estaba desarrollada. Por eso, la ley de emergencia tuvo su razón de ser, porque los hospitales, las escuelas y otras obras en el interior las hacía el Ministerio. Por usos y costumbres, cuando el Ministerio se redujo a una expresión de auditoría y se transfirieron las construcciones a empresas privadas mediante la licitación, las canteras de obra pública pasaron a estar en manos de los privados. Quizás por una cuestión estructural de ese Ministerio, porque no tiene los mecanismos de control -la minería la controla la Dinamige dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería-, esto se ha ido tergiversando al punto de que del cien por ciento de los áridos explotados en el país, las proporciones entre empresas públicas y privadas prácticamente son iguales. Esto no tiene razón de ser. Como bien dijo Rafael, la minería privada genera desarrollo de economías regionales y los planes de trabajo son por treinta años y no por una obra que dura seis meses. Este es el porqué de que se haya ido tergiversando en el tiempo involuntariamente un mecanismo que tuvo su razón de ser en su momento y hoy está fuera de control o desregulado y que atenta contra la economía de las canteras establecidas. Como dijo Miguel, un agravante adicional es que la cantera de obra pública se debe cerrar cuando la obra se termina, pero administrativamente eso no ocurre, sino que las canteras quedan abiertas, sigue habiendo extracción de piedra por fuera de la obra que le dio su razón de ser y esa piedra entra en el mercado, lo que es grave para los mineros que están posicionados. Entonces, entendemos que esto sería una solución para normalizar las reglas de juego, cuidar a los productores que están trabajando y que sean más ecuánimes la producción y el mercado para todos.
SEÑOR FERRO (Facundo).- El sector está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan su actividad en el medio rural. Para obtener un título minero, es decir una concesión por treinta años, hay muchas regulaciones que satisfacer. Si elijo ser minero tengo una serie de requisitos que exige el Estado para explotar sus recursos, que lleva un año y medio de trámites, estudios arqueológicos, medioambientales, etcétera y un cierre de cantera, es decir, qué se va a hacer cuando se deje de operar la cantera dentro de treinta años. Aparte, hay que demostrar la capacidad económica. O sea que son un montón de requisitos que pide el Estado para operar y trabajar. Por otra parte, si me presento como un empresario de la construcción vial, no me piden nada y en un mes y medio se puede operar una cantera. Es decir que la ley o el Estado trata a un ciudadano de dos maneras totalmente distintas, según como se presenta, para hacer lo mismo. Quería ser gráfico con el ejemplo, porque a veces lo teórico no queda tan contante y sonante. Muchas gracias.
SEÑOR CURBELO (Miguel).- Del porcentaje de áridos que se extrae, nosotros calculamos que el 45% sale de canteras registradas y el 55% se reparte en partes más o menos iguales entre canteras de obra pública y minería ilegal, o sea la residual que va quedando de las canteras que no se usan y material que se saca sin permiso. Esto es una competencia muy grande para los mineros establecidos. Dejo como información otra cuestión en la que estamos empeñados, que es promover una lucha contra el abigeato minero, es decir contra todo el mineral que se saca sin permiso. Pensamos que los recursos tecnológicos que hay hoy en día nos permiten establecer si un camión lleva o no una carga adecuada. Eso que se manda como guía electrónica, que va a Dinamige, queremos coordinar con Agesic para que llegue a otros lugares de control, como por ejemplo, el Ministerio del Interior y los peajes, para evitar el tráfico ilegal de materiales. Si recuperáramos eso, otro mundo tendríamos nosotros. Muchas gracias.
SEÑOR REPRESENTANTE OSORIO LIMA (Marne).- Doy la bienvenida a la delegación; es un gusto recibirlos. Creo que es muy pertinente y oportuno el abordaje que se hace de la temática, porque nosotros tristemente hemos visto algunas de las secuelas que deja la minería sin control en algunos lugares, en especial, de interés público nacional. Recuerdo algunas intervenciones que se hicieron hace muchos años en el Valle del Lunarejo, en una obra que se estaba haciendo en la región, que dejó una herida irrecuperable en uno de los paisajes protegidos del país. El planteo que se hace sin duda es un gran desafío para el país, porque parte de la obra pública a la que se hace referencia es ejecutada por administración directa de los gobiernos subnacionales y otra parte a través de proyectos con empresas contratadas, que tienen el privilegio de extraer material para la obra pública y muchas veces dándose de punta contra los intereses de las comunidades a las que va a atender esa obra. Esto nos desafía en cómo conciliar los dos intereses, porque la obra pública que se hace por administración, en general tiene que ver con el mantenimiento de la caminería rural y de los pequeños centros poblados del interior, y se hace desde canteras que están muy cerca, por cuestiones de costo y de posibilidades operativas de los gobiernos subnacionales. El Congreso de Intendentes ha estado trabajando en los últimos tiempos para ver de qué forma se puede conciliar todo esto a fin de no promover la ilegalidad y poder sostener el ritmo de obra con los menguados recursos públicos a efectos de atender la infraestructura. Esto lleva a que haga algunas preguntas. Una es el costo. ¿Tienen estudiado si existirían las capacidades desde el sector habilitado formalmente por el Estado para brindar ese material con costos, que sostuviesen la viabilidad de la obra pública por administración? Hago esta pregunta porque si la obra pública se puede hacer por administración, sin lugar a dudas lo va a poder hacer con la obra pública contratada. También quisiera saber acerca del mapeo de las canteras que actualmente están habilitadas en el país; ¿existe? Porque no se trata simplemente de ir e instalar una cantera; hay que ver dónde están los recursos. Por ejemplo, en la zona este del departamento de Rivera hay distancias que dificultan la realización de algunas obras públicas por la lejanía de las canteras de material de calidad. Entonces, me interesa conocer la territorialidad de la ubicación de las canteras y cuántas empresas, cuántos mineros hay en el país con las habilitaciones estatales. Gracias, presidente.
SEÑOR CURBELO (Miguel).- En el proyecto de ley de obra pública pusimos un límite de distancia; es decir que una obra en Rivera no tiene que contratar con una cantera que esté en Durazno. Establecemos un límite en kilometraje de recorrido que es menor a 50 kilómetros. Si en ese entorno no hay una cantera, es razonable que se abra una. No le cargamos a la obra un costo de transporte que puede ser muy pesado. Hay aproximadamente mil canteras instaladas de distinto tamaño, desde casi unipersonales hasta más grandes, y todas tienen permiso para trabajar. Territorialmente están bastante distribuidas y por eso está el límite de 50 kilómetros: si no hay, no hay problema con que se abra una. El costo no puede ser menor al abrir una cantera que recurrir a una cantera existente, que sacó el material sobrante y abrió los frentes. Entonces no hay competencia de precios.
SEÑOR CANNATA (Walter).- Un detalle más sobre el tema de los costos. Haciendo mención a lo que dijo el señor Ferro, si nosotros bajo las leyes y los decretos de la Dinama hacemos una apertura y un cierre de la cantera como corresponde, que está altamente regulado en las privadas, es inviable, porque la tecnología que compartimos es similar, que el que abra una cantera para hacer una obra tenga costos más bajos que el que está establecido. Sin duda los tiene porque no cumple con la señalización, la seguridad, el destape, la remediación y el control ambiental al momento de producir. Entonces, transfiere a un menor costo las cosas que deja por fuera, como por ejemplo, el tratamiento de residuos y de gases, y hasta el estado en el que abandona su obrador, algo que todos estamos acostumbrados a ver y que castiga a los mineros que intentamos hacer bien los deberes. Por consiguiente, no debería ser lógico que su precio fuera más bajo, aunque desgraciadamente en la práctica, por una cuestión de cultura y de acto reflejo, las empresas viales a veces ni siquiera intentan negociar con el minero, sino que van por el camino sencillo de elegir un predio, hablar con el dueño del campo e instalarse, en muchas ocasiones, mucho antes de pasar por la ventanilla del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es una realidad que nos toca vivir. Creo que hay un punto de entendimiento que puede ser bueno para todos. Es más, el negocio de las empresas viales no está en producir piedra, ese no es el core de su negocio, porque no es un insumo que tenga tanta incidencia en el producto final. No sé si esto contesta la pregunta del señor diputado.
SEÑOR REPRESENTANTE MIER (Sergio).- El diputado Marne Osorio preguntó acerca de la cantidad de canteras instaladas legalmente y se respondió que hay alrededor de mil. Mi pregunta es si tienen idea de la cantidad de canteras ilegales que están funcionando y si están distribuidas en todo el país. Por otra parte, me importa mucho saber cuál es la relación que tienen las Intendencias departamentales en la comercialización con las canteras ilegales.
SEÑOR PRESIDENTE.- Aprovecho y agrego la consulta de cuáles entienden que son los motivos para que los privados abran nuevas canteras si hay una cantera abierta en menos de 50 kilómetros.
SEÑOR OGANDO (Rafael).- No tenemos el número exacto de canteras en negro, porque en realidad fueron abiertas en base a una ley que lo permitía y luego son abandonadas, fuera de tiempo y sin preocuparse. Entonces, es utilizada por cuatro o cinco operadores distintos que se van corriendo entre ellos. Quizás esperan que caiga una denuncia formal hecha por nosotros, por la Sociedad de mineros. Entonces, van las autoridades y dicen: "Esto tendría que haber sido cerrado hace diez años". Entonces, dejan de operarla y empiezan a actuar en la de al lado, pero al poco tiempo vuelven. En definitiva, capaz que son menos cantidad de agujeros, pero tienen muchos operadores distintos que no se pueden identificar. Lo único que se puede identificar es el dueño del terreno. Hay un concepto generalizado en Uruguay por el que se concibe que el dueño del terreno es el propietario del subsuelo. Sin embargo, la ley minera establece claramente que por debajo del pasto el dueño es el Estado. Es algo que viene desde la monarquía y nos parece bien que sea así. Por eso, nosotros tenemos que demostrar al Estado que podemos ser buenos mineros y socios al explotar un determinado yacimiento, y el Estado nos da la concesión para hacerlo. Nunca nos da el yacimiento; por eso la concesión es por un tiempo perentorio. Con respecto a otra de las preguntas, privados somos todos Se preguntó por qué a una empresa vial le interesa abrir una cantera. Es una mezcla entre uso y costumbre, porque no tienen que preguntar ni negociar con nadie, pero no pasa por el contador de la empresa. Por ejemplo, si quiero sacar arena y arriba tengo entre 4 metros y 5 metros de otro material que se llama destape, imagínense lo que es sacar cientos o miles de camiones para liberar la arena que me interesa. Es un trabajo muerto; es pérdida total. Eso lo hace el minero establecido una vez, porque va a estar veintinueve años sacando la arena, pero la empresa que necesita la arena durante seis meses pone mucho dinero para sacar ese destape, lo tira en cualquier lado -queda muy feo-, saca la arena que precisa y luego se va. Si calcularan bien los costos, se darían cuenta de que pierden plata y si además se les aplicaran los controles que deben aplicarse, con las multas perderían plata en todo el negocio, porque habría que perseguirlos. Sin embargo, esto no pasa y por uso y costumbre lo hacen, pero no es una razón demasiado lógica. Por lo tanto, nosotros decimos que los costos son similares; por eso nos ponemos tope de ganancia cuando se trata de una obra pública. Decimos que no podemos cobrar más que el valor ficto que establece el Estado, a través de la Dinamige, que es un promedio de todo lo que se vendió en el país de determinado mineral. Ese es el ficto. A veces, si se trata de un edificio de lujo, se puede vender más caro el producto, pero en el caso de una obra pública, que es de interés general, el máximo debe ser el ficto, que es un precio bajo. Además, si las extracciones de empresas carreteras no pagan canon, cuando el mineral del minero establecido es para una carretera, tampoco debería pagarlo; entonces, también se iguala por ese lado. La cuenta final es que el costo es el mismo. El peso del árido en una carretera es 2% o 3%, es decir que no pesa realmente. Asimismo, todas las ofertas cuando se presentan en una licitación van a tener el mismo precio base, porque todas se refieren al precio ficto; es decir que ni siquiera habría diferencias de competencia desde ese punto de vista y las empresas constructoras tendrían que competir en calidad, tiempo de entrega, etcétera. Si se piensa bien, en realidad nadie va a ser perjudicado. ¿Quién se beneficia? Antes que nada el ambiente, la legalidad y el orden jurídico, porque no está bueno que haya una ley que diga que no se cumpla otra ley. Es literal, lo dice así. En el papel que vamos a entregar a la Comisión está muy claro y establecido.
SEÑOR PRESIDENTE (Martín Melazzi).- Agradecemos la presencia de la delegación. Me parece que esto va a ameritar que redactemos una iniciativa y llegado el momento posiblemente los volvamos a citar. Quedó más que claro lo que nos trasmitieron; lo tendremos presente y seguiremos avanzando en el tema. Muchas gracias.
SEÑOR CURBELO (Walter).- Entregamos un atrevido proyecto de modificación y nuestro interés es que pueda incluirse en la ley de presupuesto, en la que habitualmente se incorporan al final una serie de normas que no son muy discutidas y son de fácil trámite. Si esto fuera una ley particular, pienso que llevaría una discusión más larga y demoraría en ser aprobada. Pensamos que la instancia del presupuesto sería la adecuada.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la reunión.