ASISTENCIA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA

(Sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2020).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:13).

–La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de la República tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a una delegación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, encabezada por el ministro, ingeniero Omar Paganini, a quien acompañan el señor subsecretario, Walter Verri; la directora general, doctora Macarena Rubio; la directora de industrias, ingeniera Susana Pecoy; el director de minería y geología, señor Marcelo Pugliesi; el director de energía, señor Fitzgerald Cantero; la directora de la propiedad industrial, señora Lucía Estrada; el director nacional de telecomunicaciones, doctor Guzmán Acosta y Lara; el director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, señor Gabriel González; la gerente financiero contable, señora Claudia Erramuspe, y los asesores Sabrina Sauksteliskis, Adriana Fostik, Gonzalo Irrazabal, Silvana Grosso, Bruno Cabrera, Guillermo Ferrer, Sandra Varela, Néstor Méndez y Ana Goñi. A su vez, los señores Washington Farías, Fernanda Gianfagna y Martín Natalevich no están presentes en sala pero integran la delegación de la cartera y se encuentran en la sala 16.

Según el método de trabajo de la comisión, escucharemos de parte del señor ministro una introducción al articulado en carácter general, luego los senadores podrán preguntar en cuanto a esa intervención si lo desean y, posteriormente, ingresaremos al análisis artículo por artículo. Luego de finalizadas las explicaciones, se abrirá el espacio de consultas para las señoras y señores senadores presentes.

SEÑOR MINISTRO.- Muchas gracias a la comisión por recibirnos.

Voy a comenzar con una breve introducción, en la medida en que después profundizaremos con las preguntas.

Como es sabido, la cartera de industria, energía y minería tiene una gran diversidad de áreas de las que ocuparse y que tienen que ver con la producción en general, tanto con la industria minera, con las telecomunicaciones, con la energía, con la industria en general y también con las industrias creativas, como la audiovisual y videojuegos. En todas estas áreas, nuestro rol es más de rectoría que de ejecución. O sea, nuestro enfoque en las direcciones tiene un perfil más de planificación, de prospectiva, de producción de políticas, que de su ejecución, salvo en algunos casos que también hay un rol fiscalizador y de contralor. Contamos con algunas políticas activas, con algunos fondos para fomentar distintas áreas que hacen al impulso del desarrollo de distintos objetivos de la cartera.

Es notorio que en estas áreas nuestro rol, muchas veces, es de proponer e impulsar transformaciones que luego se desarrollan en distintos sectores de la economía. Como es evidente, en el sector de la energía estamos en un proceso de transformación que impulsamos desde la ley de urgente consideración en adelante y que tiene que ver con varios organismos vinculados a esta área, en particular las empresas públicas Ancap y UTE, así como la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.

En el caso de las telecomunicaciones hay un proceso de revisión de la situación que es notorio y, al respecto, hay un proyecto de ley presentado.

En lo que tiene que ver con la minería estamos intentando poner en valor lo que es un área que en Uruguay normalmente no tiene mucha visibilidad y que puede ser un sector importante para el país.

En lo que hace a la propiedad industrial, nos parece que el país necesita fortalecer lo que viene a ser un área que está alicaída y que es el de las patentes y las marcas, pero sobre todo en las patentes, pues tenemos un rezago y existe la necesidad de poner en valor el instrumento patente para fomentar una economía más innovadora.

En el caso de radioprotección se estuvo trabajando en forma sostenida, intentando fortalecer un área que la encontramos debilitada y que tiene un cometido importante como es el contralor y la fiscalización del uso de las radiaciones ionizantes, como ser los rayos X, rayos gama y radiaciones en general. Todo esto tiene impacto directo en la salud y se utiliza en muy diversas áreas de actividad del país.

Aquí tenemos una amplia gama de temas en los cuales podemos ir entrando, teniendo en cuenta el articulado que hemos presentado.

En el campo de la industria es claro que Uruguay tiene dificultades de competitividad y debemos fortalecer la formación de clusters y la acumulación en torno a áreas donde tenemos capacidad para competir e insertarnos en el mundo en forma competitiva. Por eso pensamos que algunos instrumentos, como los parques  industriales, son muy relevantes y se deben fortalecer. En todo este abanico de temas podemos ir entrando más adelante.

Como se pueden imaginar, nuestra visión de desarrollo del país tiene muchísimo que ver con el fortalecimiento de todas estas actividades productivas, las cuales requieren, sin duda, una situación de competitividad y esto tiene muchas puntas, algunas de las cuales se vinculan con otras carteras. Por ejemplo, en la inserción internacional, desarrollamos tareas de cooperación con la gestión de cancillería en lo que tiene que ver con la evaluación de impacto de diferentes acuerdos que se puedan realizar con distintas economías del mundo. Esa es un área clave para fortalecer la competitividad de nuestras industrias, en particular, nuestras agroindustrias, que siguen siendo uno de los motores principales de la economía del país.

En lo que tiene que ver con la competitividad también, impacta fuertemente el marco macroeconómico que, a su vez, depende de otra cartera, es decir, del Ministerio de Economía y Finanzas. Una economía con valores macroestables y con tipos de cambio razonables nos lleva a ser más competitivos, pero eso requiere, por ejemplo, las cifras macroeconómicas en orden, el freno a la necesidad de emitir deuda e importar por esa vía divisas y todo ese tipo de situaciones que supongo habrán hablado en detalle con la ministra Arbeleche. Desde el punto de vista de nuestra cartera, la competitividad la vemos más en los aspectos de microeconomía, es decir, en las reglas de juego en los distintos sectores, en particular, en algunos insumos que después multiplican o son necesarios para el desarrollo de otras actividades que, en nuestro caso, lo vemos claramente en los insumos energéticos. Entonces, nuestra visión de desarrollo del país pasa, por un lado, por apoyar una política económica que permita generar una macroeconomía más competitiva –es decir, una política económica macroestable, con un tipo de cambio acorde, que se puede lograr solamente en la medida que tengamos equilibrio en las cuentas públicas– y, por otro, por fortalecer la inserción internacional del país en cadenas industriales globales, que es así cómo hoy el mundo funciona. A su vez, debemos insistir en conseguir insumos más competitivos en lo que refiere al sector de la energía y mejor acceso a las telecomunicaciones y plataformas de telecomunicaciones. Esto como visión general.

En cuanto a la gestión financiera del propio ministerio, que es una de las áreas importantes para el tratamiento del día de hoy, la cartera pudo mantener la línea de base que propuso el Ministerio de Economía y Finanzas por el lado del ahorro de costos de funcionamiento, lo cual nos ha permitido mantener los instrumentos de fomento o de políticas que teníamos e, incluso, en algunos casos se los pudo fortalecer en alguna medida.

Hemos tomado algunas decisiones de abaratamiento de costos que tienen que ver con concentrar las actividades del ministerio en menos sedes, como también en tecnología, telefonía y servicios generales que tienen que ver, por un lado, con tener menos sedes y, por otro, con algunos cambios técnicos como disponer de una central telefónica IP, reducir los contratos de soporte informático y demás.

Como es un ministerio relativamente pequeño, estos impactos han permitido bajar los costos de funcionamiento y poder defender nuestros instrumentos de fomento  y desarrollo.

Si el señor presidente lo permite, pediría al subsecretario Verri que nos cuente  un poco cuáles son estos instrumentos.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Muchas gracias. Buenos días a todos los señores senadores. Es un gusto, para quienes pertenecimos a esta casa, estar en el Parlamento nuevamente.

El ministro me ha pedido que, más allá de complementar la visión general del ministerio expresada por él, les mencione muy rápidamente los diferentes programas que tenemos en cada una de las unidades ejecutoras, en cada una de las direcciones nacionales que forman parte del MIEM.

El ministro ha dicho claramente que el MIEM fija políticas. Ese es nuestro objetivo, pero también tenemos programas que fomentan el desarrollo de dichas políticas. Más allá de la austeridad que hemos tenido en materia de los números presupuestales, no hemos afectado esas políticas porque las consideramos importantes para fomentar, precisamente, su desarrollo.

En la Dirección Nacional de Industria tenemos en este momento en ejecución el fondo industrial, el fondo de vinculación tecnológica, el fondo de transformación digital, el fondo de biotecnología y el fondo naranja. Todos ellos tienen sus respectivas partidas presupuestales que, si bien no creo que valga la pena detallarlas, los señores senadores las tienen en el planillado.

En la Dirección Nacional de Energía tenemos el Programa de Electrificación Rural con Energía Renovable, el Proyecto de Internalización de la Especialización Productiva y los proyectos Movés y Biovalor. Muchos de estos son conocidos y otros no tanto. No obstante, todos están en ejecución.

En Dinapyme realizamos convocatorias a cooperativas y muchas de ellas están atravesando permanentemente procesos de cambio para mejorar las herramientas. Para el caso concreto de la convocatoria a cooperativas estamos pensando que para el próximo año haremos específicamente llamados a cooperativas que tengan una fuerte impronta industrial, en el entendido de la competencia que tiene nuestro ministerio. A  su vez, ya existe Inacoop, que va por otros caminos y sí tiene la competencia de afrontar esto de una manera más global. Nuestra competencia es el apoyar a las cooperativas que tengan una impronta vinculada a las unidades ejecutoras de nuestro ministerio. Eso lo pongo como ejemplo.

Asimismo, tenemos un convenio con Incubacoop, apoyamos la competitividad del desarrollo territorial, la competitividad en la cadena de valor, la competitividad en la procertificación, la competitividad de emprendedores, y fomentamos las artesanías, el desarrollo artesanal, la profesionalización de la gestión –Piade– y las compras púbicas.

En Dinatel tenemos instrumentos de audiovisual y proyección, series de ficción y de animación de carácter no publicitario. A su vez, realizamos convocatoria a Series UY y a contenidos audiovisuales. Asimismo, fomentamos la participación de las mujeres en la actividad productiva y promocionamos la internacionalización de las empresas de la industria audiovisual. En instrumentos referidos a videojuego y proyección, tenemos la convocatoria a categoría de videojuegos, de preincubación de empresas de videojuegos y de internacionalización de empresas de videojuegos. A su vez, apoyamos para que estas puedan participar en eventos internacionales de videojuegos que se realizan en Uruguay. Tenemos instrumentos de radiodifusión y proyección como la convocatoria de apoyos al sector.

Todos esos programas están en ejecución y –como decía el ministro– no han  sido afectados por los ahorros que hemos ejercido en otras partes del ministerio, sino que, por el contrario, los hemos potenciado y pretendemos que siga así. El ministro ha expresado claramente las grandes líneas por las que irá nuestro ministerio y creo que es claro que ya estamos trabajando en muchos de ellas. Los aquí presentes sabrán que, por ejemplo, las unidades reguladoras fueron potenciadas y fortalecidas, y su situación institucional fue cambiado en la Ley de Urgente Consideración. Dichos cambios están siendo ejercidos para darles cada vez más autonomía y que realmente cumplan la función que deben tener en la fijación de la tarifa de los servicios públicos. Estamos avanzando también en normativas que se ha aprobado recientemente, trabajando para que el precio del combustible sea competitivo con la región y el mundo, sin tocar el monopolio de Ancap, pero introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado. Asimismo, avanzamos en la competencia de los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica. Estamos impulsando la gran industria desde la Dirección Nacional de Industrias y la formación de clusters de conocimiento y experiencia agroalimentarias. Estamos impulsando el fomento a la innovación, el desarrollo y la tecnología. Fomentamos la cultura emprendedora desde diferentes programas. Algunos de ellos los he nombrado acá. Impulsamos el apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de la Dinapyme. El ministro ha dicho también que estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que nuestros mercados puedan ser mejores y mayores. Uruguay paga una gran cantidad de millones de dólares al cabo del año para que nuestros productos ingresen a los mercados. Solamente el 7 % de nuestra producción ingresa a mercados con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio. De nuestros principales países que nos compran, dentro de los cinco primeros exportadores, solamente tenemos acuerdo de libre comercio con Argentina y Brasil, no con el principal comprador, que es China. Por lo tanto, esos son temas que tenemos que ir resolviendo y abriendo cada vez más al Uruguay.

Menciono simplemente los temas en los que estamos trabajando. Podríamos seguir si los señores senadores lo entienden necesario. Solamente en materia de energía, cero que como país tenemos la mejor de las posibilidades para avanzar rápidamente en la movilidad eléctrica. La Dirección Nacional de Energía está trabajando en esa dirección. Simplemente digo esto a título de comentarios, a cuenta de poder profundizar, si lo entienden necesario. Esas son las grandes líneas de acción de nuestro ministerio.

Por ahora es eso lo que tengo para decir. Gracias, señor presidente.

SEÑOR MINISTRO.- Si a ustedes les parece, podemos entrar en el articulado; o si prefieren tener una conversación sobre temas generales, estamos a disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ingresaríamos al articulado.

SEÑOR MINISTRO.- Entonces, yendo al articulado, estamos en el artículo 275 del proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes. Los primeros artículos tienen que ver con la transferencia de una función que hoy intermediamos directamente al LATU. Hoy, en lo que es meteorología legal, el ministerio interviene, pero –para decirlo en forma coloquial– como un pasamano de un proceso que, en realidad, se deriva al LATU, que es el que lo realiza. Aquí lo que estamos haciendo es despejar esta situación y pasándosela al LATU. Me refiero a los artículos 275 y 276.

En el artículo 277 entramos al tema parques industriales. La directora nacional de industrias nos puede hacer una explicación breve de cuál es el propósito de esto; pero para darles un marco, adelanto que los parques industriales como tales son un instrumento que nosotros entendemos muy válido para incentivar la formación de clústers o conglomerados, con las sinergias que suelen suceder cuando uno tiene radicados en un determinado lugar geográfico distintos emprendimientos y se producen sinergias u oportunidades de externalidades positivas con la energía eléctrica, el agua, el saneamiento, el transporte, incluso el transporte de las personas que allí trabajan y demás. Es un instrumento que entendemos valioso, que se generó ya hace unos años, pero por ahora ha tenido un desarrollo menor y pretendemos impulsarlo, fortaleciendo su marco regulatorio. No estamos aquí hablando de cambios demasiado revolucionarios, sino de ajustar algunas cosas.

Por otro lado, a nivel de decreto estamos trabajando para generar algunos incentivos mayores de los que hoy están. Pero esto es a nivel de la gestión de decretos.

SEÑORA PECOY.- Señor presidente: en el artículo 277 se elimina la última frase, que hace mención al informe de la comisión asesora, que refiere al artículo 19 de la ley. Esta frase se quita porque en el artículo 278 se elimina la comisión, que tiene doce miembros. Lo que se intenta de esta manera es agilizar el proceso de aprobación de los parques, que igualmente mantienen todas las garantías del caso porque tienen que cumplir con determinada normativa, y si no la cumplen no pueden ser aprobados. Además, también pasan por el estudio de la Dinama y de las intendencias correspondientes. O sea que no nos quita ningún tipo de garantías y lo que hace es enlentecer el proceso.

El artículo 279 deroga el artículo 6.º de la Ley n.º19784. De la manera en que está redactado genera una situación poco equitativa para las potenciales relocalizaciones de las empresas, porque deja en diferentes condiciones a los emprendimientos que el Poder Ejecutivo entiende que son estratégicos dentro del  parque industrial respecto al resto de las industrias instaladas.

El artículo 280 se debe a la necesidad de la incorporación de las personas físicas –además de las jurídicas– dentro de los usuarios potenciales de parques. En la Cámara de Diputados se le hicieron algunas modificaciones.

SEÑOR MINISTRO.- No voy a permitir que la directora diga que viene de la Cámara de Diputados cuando lo escribí yo.

(Hilaridad).

–La verdad es que el literal A) amplía el alcance de las empresas que pueden estar en un parque tecnológico o industrial para abrir espacios a la tecnología de la información, a las nanotecnologías y a la biotecnología. Reitero, trata de ampliar el tipo de emprendimiento que ahí se puede instalar, además de lo que acaba de exponer la directora.

SEÑORA PECOY.- En el artículo 281 se sugiere sustituir la potestad que se otorga al Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad y que esta recaiga sobre el Poder Ejecutivo.

Este sería el último artículo que tengo para informar.

SEÑOR MINISTRO.- Pasamos al tema Dinamige. En primer lugar voy a referirme a algunos conceptos generales y después le voy a dar la palabra al director de Dinamige, el señor Marcelo Pugliesi. 

Brevemente, hay dos temáticas: una que tiene que ver más con la gestión de los cánones y administración de los permisos y otra que refiere a las canteras de obra pública. Con respecto a estas últimas, hubo un trabajo de unificación con un artículo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que también está en el proyecto y que, de alguna manera, se superponía. Luego le voy a dar la palabra a la directora general para que explique ese trabajo de unificación.

Ahora cedería el uso de la palabra al director de la Dinamige para explicar estos los artículos.

SEÑOR PUGLIESI.- Buenos días a todos. 

En el ministerio, por intermedio de la Dinamige, desde que iniciamos nuestra actuación, tratamos de ver de qué forma podíamos agilitar en parte la gestión de los trámites que se realizan en la institución y, por consiguiente, propusimos la modificación de ciertos artículos del Código de Minería con la intención, más que nada, de apurar y movilizar mejor la gestión de los expedientes que se tramitan en Dinamige.

El artículo 282, más que nada, contempla el pedido de los emprendimientos privados mineros. Ellos nos solicitaron que cambiáramos la forma en que se liquidan los cánones que pagan al Estado, así como lo que el Estado paga a los superficiarios o a los dueños de los campos. Actualmente el código establece que esto se hace por semestre, o sea que cada seis meses se entregan las declaraciones y se efectúan los pagos. Ellos quieren que esos pagos se realicen en un plazo menor y por eso proponemos una modificación que permita al Poder Ejecutivo cambiar la frecuencia del pago. Estamos estudiando el tema para ver en qué frecuencia de pago lo vamos a hacer, porque eso está ligado al sistema de expedientes informático, al que debemos implementarle algún cambio para que la modificación de los pagos se concrete. 

El artículo 283 sustituye el artículo 48 del Código de Minería. Aquí propusimos, de manera general, la posibilidad de que podamos realizar convenios de pago, dado que actualmente se presenta un atraso bastante importante en el pago de los cánones correspondientes a las producciones mineras. Antiguamente se celebraban convenios de pago por un problema determinado o por una causal justificada de alguna empresa en un período determinado, pero el Código de Minería no lo permitía. Con esta modificación pretendemos que quede en el código la posibilidad de realizar convenios de pago que permitan regularizar las deudas atrasadas que tenemos y, a su vez, darle una posibilidad al minero y a las empresas para que queden al día.

La forma de implementación de los mencionados convenios de pago va a ser por medio de una reglamentación del Poder Ejecutivo, que será parecida a la forma en que llevan adelante los convenios de pago la DGI o el BPS.

En el artículo 284, que sustituye el artículo 65 del Código de Minería, se plantea un tema más técnico. Dentro de las labores que se ejecutan en toda solicitud minera – que comprende tres pasos: prospección, exploración y explotación– se propone eliminar la prospección porque entendemos que muchas veces se impide la realización de estudios geofísicos y gravimétricos –o sea estudios geológicos y científicos– por el solo hecho de no poder acceder a un campo privado. La prospección no afecta absolutamente en nada el ingreso a un campo, ya que en esa instancia se llevan a cabo trabajos de superficie y, muchas veces, incluso, no requieren el ingreso a él. A medida que la tecnología avanza vemos que se pueden hacer esos estudios en forma satelital sin necesidad de ingresar a los campos. De ahí, entonces, que hayamos propuesto sacar la prospección de lo que son las labores mineras y dejar solamente exploración y explotación. En estas dos etapas sí se debe permitir la entrada a los campos privados. Es más, ya en la exploración muchas veces se realizan perforaciones, para las cuales se necesita el ingreso de maquinarias y vehículos.

Para analizar el artículo 285 le voy a dejar la palabra a la directora general, porque vamos a proponer introducir una modificación de una norma que también se consideró en el articulado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑORA RUBIO.- Muy buenos días. Gracias a todos por permitirnos estar en esta instancia.

En realidad, vamos a proponer eliminar el artículo 285 –que fue aprobado por la Cámara de Diputados– por la siguiente razón.

Por esa norma proponíamos la creación de un registro nacional de canteras de obras públicas. Cuando en el día de ayer finalizó la sesión de la comisión a la que concurrieron los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas –que trabajaron arduamente junto a los señores senadores–, nos contactamos con ellos para encarar juntos este tema porque en el artículo 323 de su inciso también se crea un registro nacional de canteras de obras públicas. Concretamente, al final del artículo 323 se establece: «Deróganse los artículos 237, 238, 239 y 250 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, y el artículo 105 de Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017». Como podrán observar, por el artículo 285 proponíamos sustituir o modificar el artículo 105, pero iba a quedar una incongruencia, porque iban a quedar dos registros nacionales de canteras de obras públicas. El artículo que proponía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas derogaba el artículo 105 de la Ley n.° 19535 y el nuestro, sustituirlo.

Entonces, trabajamos en conjunto y nuestra propuesta hoy es eliminar el artículo 285 del inciso del Ministerio de Industria, Energía y Minería y poner a consideración de ustedes una propuesta que traemos luego de trabajar en conjunto con los representantes del MTOP, después de que se fueron de la sesión del día de ayer.

De esta manera, quedaría un solo Registro Nacional de Canteras de Obra Pública. En esto también estuvo participando la OPP, que venía trabajando con los gobiernos departamentales para incluirlos –así como a otros organismos públicos y no públicos– en el Registro Nacional de Canteras de Obra Pública.

Con esto se pretende contemplar toda la problemática que se da con el registro. Sobre todo, existía una preocupación en cuanto a la obra pública de los gobiernos departamentales, porque demoraban los trámites en la inscripción y en la obtención del permiso del título minero.

Por lo tanto, lo que estamos proponiendo –les traigo, para que se pueda adjuntar, el visto bueno del Ministerio de Transporte y Obras Públicas– es una modificación de los artículos 323, 324 y 325 del MTOP, para que haya un solo Registro Nacional de Obras Públicas en la órbita del MTOP, en la Dirección Nacional de Vialidad. Se comunicará después a la Dirección Nacional de Minería y Geología del ministerio de industria para que en el sistema SIT quede registrado y nosotros tengamos nuestro propio inventario de canteras, puesto que la policía de seguridad minera está a cargo de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

En conclusión, la propuesta es eliminar el artículo 285 y modificar los artículos 323, 324 y 325 que corresponden al MTOP. Si quieren, paso a leer los artículos a modificar o se los entrego para que sean considerados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entréguelos, nomás.

(Así se hace).

SEÑORA RUBIO.- Muchas gracias.

SEÑOR PUGLIESI.- Queda un artículo, el 286, que es una modificación al artículo 116 del Código de Minería. Ese artículo se modificó para hacer más ágil el trámite que realizan los propietarios de los campos para llevar a cabo obras internas.

El artículo 116 autoriza a usar materiales mineros solamente para obras internas sin fines de comercialización; entonces, las empresas forestales, por ejemplo, realizan solicitudes a Dinamige para abrir pequeñas canteras dentro de los campos forestales para arreglar la caminería interna.

Como hay un volumen muy importante de expedientes, lo que hicimos fue sustituir algunos plazos de otorgamiento de los títulos para que sea más dinámico el tratamiento de expedientes dentro de la Dinamige.

A su vez, como los únicos autorizados a ejecutar las explotaciones son los dueños de los campos, normalmente las empresas forestales o alguna otra empresa que hiciera obras en algún predio –que son las responsables de extraer el mineral– tenían un problema fiscal porque el dueño del campo no tenía facultad para facturarles a ellas; por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, las empresas no tenían un comprobante de gasto. Para facilitarles eso, creamos una modificación del artículo por la cual el propietario puede ceder o puede arrendar el predio para que la persona que vaya a hacer la explotación pueda hacer el trámite directamente ante las oficinas de Dinamige.

En forma general, eso era lo que teníamos para decir sobre los artículos de la Dirección de Minería.

Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Ahora vienen los artículos relacionados con la Dirección Nacional de Energía, en particular con algunas modificaciones en el fideicomiso uruguayo de eficiencia energética.

Le voy a dar la palabra al señor director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero. 

SEÑOR CANTERO.- Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los miembros de la comisión.

Voy a referirme a los cuatro artículos que tienen que ver con el Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética, que fue creado por la Ley n.° 18597, del año 2009, norma reglamentada en 2012 a través del Decreto-Ley n.° 86/012. Alude al uso eficiente de la energía en el territorio nacional y plantea la existencia de agentes fideicomitentes y fiduciarios. Los fideicomitentes somos el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía y Finanzas y el fiduciario es la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El fideicomiso es gestionado por nuestro ministerio a través de nuestra Dirección Nacional de Energía.

¿Qué se propone modificar? En base a la evaluación que se ha hecho de todos estos años de trabajo que ha venido desarrollando el fondo, se proponen modificaciones que permitan un mejor uso de los recursos. Como bien decían el señor ministro y el señor subsecretario, nosotros tenemos el rol de acompañar y apoyar proyectos que realiza el sector privado y los esfuerzos que hace el sector público. En consecuencia, a través de lo establecido en estos cuatro artículos –287, 288, 289 y 290– proponemos modificar en ese aspecto la ley del año 2009.

En el artículo 287 se sugiere modificar la obligación de que el agente fiduciario sea la Corporación Nacional para el Desarrollo y permitir que pueda serlo cualquier actor del mercado que se dedique a esto.

El artículo 288 modifica el artículo 19 de la Ley n.° 18597 y habilita a financiar la implementación de inversiones en proyectos de eficiencia energética. Específicamente se sustituye el literal que otorga la competencia de oficiar como fondo de garantía. También se refuerza el apoyo al seguimiento y control del etiquetado de eficiencia energética y, en particular, a los cometidos de la Ursea en su regulación y fiscalización.

Visualizamos la necesidad de hacer esta reforma para ajustar el funcionamiento del Fudaee en base a la experiencia de estos nueve años. Creemos necesario reforzar las competencias específicas en base a las presentes y futuras líneas de trabajo.

¿Qué ocurre si esta modificación no se acompaña? Entendemos que la situación actual de funcionamiento no es adecuada a estas líneas de trabajo para potenciar estos instrumentos y las acciones de promoción de la eficiencia energética en todo el territorio nacional. Si la propuesta no se acompaña estaríamos perdiendo la oportunidad de mejorar la eficiencia de la gestión pública.

¿Cuáles son las causas del problema? Se cometía al Fudaee oficiar de fondo de garantía para líneas de financiamiento destinadas a proyectos de eficiencia energética a través del fideicomiso de eficiencia energética, constituido en el marco del fondo nacional de garantías. La modificación propuesta redirige el apoyo para la puesta en marcha de instrumentos que promuevan directamente la ejecución de inversiones en medidas de eficiencia energética y proyectos piloto demostrativos. La motivación de este cambio radica en que la actual barrera de la implementación de estas inversiones – luego de sortear la barrera inicial de diagnosticar la situación energética e identificar oportunidades de mejora en las distintas empresas e instituciones– es la obtención de capital inicial para efectivizar el proyecto y no el acceso a garantías. Se requiere clarificar que el apoyo del Fudaee a iniciativas de investigación y desarrollo es para proyectos tanto de eficiencia energética como de energías renovables, siempre en el marco de lo que establece el literal A) del artículo 2.° de la ley que lo creó.

Asimismo se necesita acompañar el cambio del rol de la Ursea establecido en la Ley n.° 19889, de 8 de julio de este año. Hay que reforzar los cometidos generales del Fudaee en el apoyo al seguimiento y control del etiquetado de eficiencia energética y,  en particular, a los controles de la Ursea en su regulación y fiscalización. Se necesita reforzar el apoyo que el Fudaee brinda al ministerio en cuanto a sus responsabilidades de ejecución, reglamentación y monitoreo de etiquetado de eficiencia energética.

¿Qué esperamos con esto? Que los cometidos específicos del fideicomiso queden estipulados de manera que se adapten a las nuevas necesidades nacionales, reforzando los instrumentos actuales y futuros de promoción de la eficiencia energética a nivel nacional.

El artículo 289 modifica el artículo 23 de la Ley n.º 18597, que refiere al uso de los fondos. Se otorga el 5 % de los fondos a Ursea, algo que en la práctica venía ocurriendo pero ahora queda establecido por ley. Se mantiene el 10 % para gastos de funcionamiento. Y se agrupan las otras competencias, a las que corresponden el 85 %, asegurando un mínimo del 40 % para los certificados de eficiencia energética. Entendemos que es necesario modificar el artículo en base al ajuste del funcionamiento del Fudaee, debido a la experiencia de la ejecución de estos años. Consideramos que se hace necesario redistribuir el uso de los fondos asignados.

Cabe destacar que esta propuesta no requiere de más fondos ni tampoco de una mayor capitalización del fideicomiso. Los aportes del Fudaee, que se fijan a través del artículo 21 de la ley del año 2009, no son objeto de una nueva redacción en esta oportunidad. Esta propuesta se basa en reasignar fondos entre cometidos, con el  objetivo de reforzar el apoyo en distintas acciones en base a las presentes y futuras líneas de trabajo, para potenciar los instrumentos y acciones de promoción de la eficiencia energética en el país. 

La causa del problema que nos lleva a plantear esta modificación es que en la ley de urgente consideración que fue aprobada recientemente, se introduce una modalidad de mayor variabilidad de los precios de comercialización interna de los energéticos en el país, y esto trae aparejado un importante incremento en la incertidumbre del  presupuesto del Fudaee. En la actualidad el presupuesto es estimado anualmente por los aportantes, y en particular se usan precios energéticos constantes y definidos.

Los caminos introducidos pueden llevar a que los precios de comercialización varíen mes a mes, y por ende aumente la incertidumbre de la asignación presupuestal del Fudaee.

En un sentido similar, para situaciones coyunturales adversas, como las que estamos viviendo por la pandemia, se requiere una mayor adaptación a cambios financieros. Entonces, se propone agrupar fondos entre cometidos y reforzar su apoyo mutuo, y la flexibilidad de adaptación de la ejecución de las distintas acciones en base a las presentes y futuras líneas de trabajo, para potenciar los instrumentos y acciones de promoción de la eficiencia energética en el país.

En paralelo, se garantiza un porcentaje de ejecución mínimo para los certificados de eficiencia energética, porque se entiende que son una herramienta fundamental que es introducida por esta ley para la concreción de los objetivos trazados y, además, para brindar certidumbre temporal en cuanto a su ejecución.

Asimismo, se asignan los costos de ejecución de cada competencia específica  del Fudaee a los fondos asignados para la concreción de cada una, incluyendo la remuneración del agente fiduciario. Esto facilitará la gestión contable en cada uno de los rubros de ejecución, cargando sus costos administrativos en cada competencia correspondiente. 

Se clarifica, para evitar distintas interpretaciones, que estos porcentajes afectan a todos los ingresos del fideicomiso, inclusive los habilitados por el literal  B)  del  artículo 21 de la ley, como se establece en el segundo párrafo de los incisos de la actual y vigente redacción.

¿Qué esperamos con esta propuesta? Una correcta asignación de los fondos, de modo de alcanzar la completa adecuación del fideicomiso, logrando potenciar los instrumentos y acciones de promoción de la eficiencia energética en el país.

En cuanto a la eficiencia del gasto público, esto se logra sin nuevos fondos y solamente con una asignación más adecuada de lo que actualmente se dispone.

Por último, señor presidente, el artículo 290 refiere al Fideicomiso de Eficiencia Energética. Aquí lo que se propone es transferir el 100 % de los fondos que tiene este fideicomiso al Fudaee, para implementar inversiones en proyectos de eficiencia energética exclusivamente.

Voy a explicar cuál es la necesidad para proponer esta redacción.

El Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética fue creado también en 2009, en el marco del proyecto de eficiencia energética de la Dirección de Energía, con el objetivo de promover la implementación de medidas de eficiencia energética.

El fideicomiso se capitalizó inicialmente con alrededor de USD 2:475.000, que provinieron del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF, a través del Banco Mundial, para la ejecución de proyectos de eficiencia energética. Adicionalmente, y de acuerdo a lo previsto en la Ley n.º 18597, recibe 7 % anual de los fondos fiduciarios del Fudaee. Este fideicomiso, este fondo uruguayo de eficiencia energética, fue creado como un fondo de garantías para alentar a las empresas a implementar los proyectos de eficiencia energética que llevaran adelante.

Para ello se establecieron dos líneas de garantías. 

Una de ellas es la línea de avales para préstamos de asistencia técnica, que garantiza el financiamiento concedido por las instituciones de intermediación financiera para solventar los costos de los diagnósticos energéticos.

Y la segunda es para vales para la obtención de préstamos para proyectos de inversión. Esta línea otorgaba garantías comerciales a ese financiamiento concedido para la ejecución de esos proyectos de eficiencia energética que analizaban previamente. Debido a la baja operativa del fondo y en base a las barreras identificadas, en octubre de 2015 este fondo se reestructuró, se separó la línea de garantías para préstamos para proyectos de inversión en eficiencia energética de la línea contingente para la realización de diagnósticos energéticos. En dicha instancia, se incluyó la línea de avales para proyectos de inversión del fondo dentro de la operativa del Sistema Nacional de Garantías –SiGa–, lo que brindó al instrumento la condición de garantías reales válidas. Se destinaron USD 2:635.909 a estos efectos. Y al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio del fondo, incluyendo las capitalizaciones  del  Fudaee,  era  de USD 3:549.771. Sin embargo, a la fecha sigue sin haberse generado ninguna solicitud de aval, y por este motivo se plantea la necesidad de reestructuración del fondo, con el fin de reorientar el uso de los fondos hacia la promoción directa de la implementación del proyecto de eficiencia energética. 

El artículo propuesto permitirá que estos fondos sean administrados por el Fudaee y destinados exclusivamente a su cometido: financiar la implementación de inversiones en proyectos de eficiencia energética.

¿Qué ocurre si esto no es aprobado? Actualmente, hay diversas barreras para la inversión en eficiencia energética que pueden ser derribadas por medio de instrumentos específicos a implementarse en estos fondos una vez que se apruebe este artículo. Estas inversiones permitirán apoyar a los sectores de la economía, mejorar su competitividad, que el Estado reduzca gastos de suministro energético y también que los hogares reduzcan su presupuesto destinado a energía. Esto redundará, obviamente, en beneficio de la sociedad en su conjunto, permitiendo dinamizar la economía a través de la implementación de las acciones y mejorando la competitividad –como ya se dijo– de los sectores productivos y del país en general.

¿Por qué ha pasado esto? ¿Cuál ha sido la situación por la cual llegamos a pedir esta modificación? Se ha identificado que el acceso a garantías no es un instrumento adecuado para derribar las barreras a la inversión en proyectos de eficiencia energética, por lo que es necesario diseñar otros instrumentos que permitan dinamizar el mercado y promuevan que estas inversiones se lleven a cabo tanto en el sector público como en el privado.

¿Qué esperamos con la aprobación de este artículo? Esperamos tener un impacto muy importante en la promoción de inversiones en el área en el sector privado y en el sector público, así como también en las familias.

Este artículo, señor presidente, tuvo un agregado in fine en la Cámara de Diputados, que nosotros compartimos. Creemos que es adecuado.

SEÑOR MINISTRO.- Pasamos ahora a los artículos relacionados con la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

La Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección tiene el cometido de fiscalizar el desarrollo de las actividades vinculadas con las radiaciones ionizantes, que son las que en el espectro van desde los rayos X a frecuencias mayores y, por lo tanto, tienen impacto en la salud y se utilizan en muy diversas áreas, desde médicas –tienen que ver, como todos conocemos, con tratamientos diversos usando desde rayos X hasta radioterapia–, hasta áreas industriales vinculadas con la inspección de materiales y ensayos no destructivos en los alimentos para el tratamiento de alimentos que requieren esterilización usando rayos gamma, etcétera.

Esta autoridad es una oficina que depende del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y le voy a solicitar a su director, el doctor en física Gabriel González, que nos explique las modificaciones propuestas.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Me voy a referir, entonces, a los artículos 291 y 292. 

Los dos artículos recogen comentarios del Organismo Internacional de Energía Atómica, una institución de la ONU que hace recomendaciones para el uso pacífico de las radiaciones ionizantes, que tienden a fortalecer las prácticas y las normativas en los distintos países.

El artículo 291 se refiere a acentuar la responsabilidad primordial del usuario en cada una de las prácticas. Lo que se agrega es el segundo párrafo del literal C), donde se establece: «La ausencia de la normativa antes mencionada no exime a la persona física o jurídica encargada de la instalación o actividad de su responsabilidad primordial, ya sea respecto a la seguridad tecnológica y seguridad física nuclear, así como cumplir con los requisitos legales y reglamentarios estipulados».

Estas son áreas que tienen una evolución tecnológica muy rápida, y un escenario posible es que no exista normativa al respecto de alguna de las prácticas. Este artículo, entonces, simplemente establece que el usuario es depositario de la responsabilidad en la práctica, más allá de la responsabilidad que le compete a la autoridad reguladora en sus funciones.

En el siguiente artículo, el artículo 292, se agrega el literal P). También es una recomendación del Organismo Internacional de Energía Atómica. En nuestro país las prácticas no tienen que ver con la generación de energía nucleoeléctrica, con lo cual digamos que tienen un impacto internacional mucho menor. Todas las actividades relacionadas son más bien con interés centrado en Uruguay. Pero este literal agrega transparencia a cada una de las aplicaciones nucleares, en el sentido de que se puede convocar a audiencia pública, y esa iniciativa puede ser de usuarios o de la autoridad reguladora. Esas audiencias públicas permiten, entonces, una transparencia que fortalece todos los procesos y las garantías de los usuarios, y también del Estado y de la autoridad reguladora.

A su vez, la autoridad reguladora promulga las normas, y se establece en este literal P) la posibilidad de hacer una consulta pública con los usuarios que son afectados por las normas, de manera que el proceso pueda fortalecerse y los usuarios tengan las debidas garantías y puedan hacer llegar los comentarios que consideren oportunos.

SEÑOR MINISTRO.- En el artículo 293 estamos resolviendo un problema estructural del ministerio. Históricamente esta área se llamaba Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, en los años 2000, y tenía un cargo Q, un cargo de confianza, en su dirección. Fue transformada en dos unidades distintas. Una de ellas es una unidad ejecutora, la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, y la otra es el Laboratorio de Tecnogestión, que depende de la Dirección General de Secretaría y no es una unidad ejecutora. Pero a la unidad ejecutora no se le creó el cargo de confianza para dirigirla. En este momento el doctor González está ejerciendo esa función, encomendado por el ministro, usando fondos de adscripción, pero entendemos que es necesario crear el cargo para que la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección –que es un área sensible, donde hay políticas de desarrollo que se deben establecer y que deben reportar políticamente al ministro– tenga un cargo de confianza a su frente. Además, se pone énfasis en que debe ser una persona idónea, un técnico que tenga experiencia en aplicaciones vinculadas con las radiaciones ionizantes. A su vez, estamos consolidando vacantes que tenía el ministerio para poder financiar ese cargo, dado que no era posible aumentar gastos de caja para esto.

Pasamos al artículo 294, que nos cambia de tema bastante radicalmente. Como los señores senadores saben, la Ley n.º 18195, de 2007, estableció un régimen de funcionamiento para los agrocombustibles y su mezcla con los combustibles normales de nuestro país. En sus términos generales no lo estamos modificando, pero estamos extendiendo la definición de agrocombustibles, que en tal ley era un poco estrecha, en el sentido de que se definía al biodiesel con una determinada forma de lograrlo. Esto es lo que nos preocupa, porque el etanol, en realidad, sigue siendo un agrocombustible válido y no ha cambiado químicamente, pero en los biodiesel están apareciendo nuevas formas de obtener combustibles que pueden suplantar al diesel de origen de petróleo con tecnologías nuevas, que tienen que ver con la transformación de aceites vegetales a partir de su hidrogenación, por ejemplo. De esta manera se obtiene diesel de origen biológico 100 %, que se puede mezclar en muchas mayores cantidades e incluso sustituir al diesel de origen fósil. Pero en esta ley, como fue hecha hace ya unos cuantos años –en el 2007–, ese tipo de tecnología no estaba disponible y ese tipo de procesos no estaban incluidos. Nosotros lo que estamos queriendo aquí es simplemente ampliar esto, porque no sabemos si en dos años, cinco años –incluso a nivel de procesos en la refinería–, se pueden llegar a utilizar este tipo de aplicaciones. Entonces, vale la pena ampliar su alcance.

En el caso del artículo 295, lo que genera es un ajuste, porque hay una ley –que fue la ley de urgente consideración– que definió que los precios ex planta –o sea, a la salida de La Tablada o de las plantas de distribución primaria de los combustibles líquidos– se aprobarán por el Poder Ejecutivo, luego de recibir un informe preceptivo de la Ursea y otro de Ancap. Esa nueva forma de fijar los precios de los combustibles, así como un precio máximo, colidía –y a mi criterio derogaba, pero para aclarar las cosas lo ponemos acá– con el literal F) del artículo 3.° de la Ley n.º 8764, de 15 de octubre de 1931, que era la ley de monopolio de Ancap. Esa ley decía que Ancap fijará los precios de los productos monopolizados. Y aquí lo que estamos dejando es que Ancap va a fijar los precios de los productos no monopolizados, y lo demás entra en el otro procedimiento. Es el ajuste de eso lo que se propone en esta ley. Yo no soy abogado, en mi criterio quizás esto no era necesario, pero la idea es dejar claro el asunto.

El artículo 296 tiene que ver con Ancap también, pero está relacionado con otro tema, que es la posibilidad de Ancap de arrendar sus infraestructuras. Este es otro asunto que, según mi criterio de ingeniero, no estaba prohibido, pero vale la pena aclararlo. Voy a poner algún ejemplo, y después podemos ingresar más en el otro tema, que es el de los bunkers. Tengo entendido que hubo ofertas, durante la crisis de la pandemia, de depositar crudo que iba para Argentina en los tanques de José Ignacio temporalmente y después volverlo a poner en los buques. Eso no era posible, según algunas interpretaciones jurídicas. De manera que Ancap no aceptó ese negocio, que era un negocio válido. Puede haber otros negocios; de hecho, depósitos libres o tancajes disponibles suele haber en distintas épocas del año. En la medida en que el puerto de Montevideo empiece a funcionar con negocios de transporte o de tránsito de combustibles al Paraguay, por ejemplo, que Ancap pueda arrendar sus tanques puede ser una buena oportunidad. Ahí está uno de los focos principales de este artículo, que nos parece importante y que se interrelaciona con lo que vamos a hablar ahora también respecto al artículo 298.

En el caso del artículo 298, se refiere a un tema que ha sido discutido abundantemente en este tiempo, que es entender que el monopolio de Ancap no rige en el puerto de Montevideo o en otros puertos de la ANP. Este es un tema en el que me voy a extender un poquito, aunque probablemente aburriendo a algunos de los señores senadores, si es que han escuchado la explicación que he dado en otros medios. Mayormente, el negocio del bunkering –así se llama el suministro de combustible a buques– es un negocio del cual Ancap se ha ido retirando desde el año 2010  en adelante, por dos causas: por su menor disponibilidad de fueloil –en la medida en que su dieta de crudos ha ido migrando hacia crudos más livianos y, por lo tanto, el subproducto, que es el fueloil, está menos disponible– y también porque ha preferido realizar contratos con las pasteras, que son contratos que le dan seguridad de precio y le dan estabilidad al suministro. Ambas cosas han hecho que de 300.000 metros cúbicos en 2010, se pasó a 70.000 el año pasado. Esa disminución muy fuerte del volumen de ventas de bunkers ha hecho, por ejemplo, que en vez de cinco buques alimentando combustible a buques se haya pasado a uno. Entonces, el negocio viene disminuyendo.

¿Qué efecto tiene esto para Ancap? No mucho. Es un negocio de nicho, con un subproducto, que no le interesa demasiado atender al Puerto de Montevideo en la medida en que tiene colocada la mayor parte de su producción en otro lado y, además, esta es menor porque ha decidido, por muchas otras razones que no vienen al caso ahora, ir a una dieta más liviana de crudos. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros puertos suelen tener dificultad para aprovisionar a los buques con ese combustible. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que normalmente tiene que repostar en algún otro puerto de la región, en particular, en el superpuerto cercano a Casino o en el Puerto de Buenos Aires. O también puede repostar en el Río de la Plata, ship to ship, pero desde Buenos Aires y no desde Montevideo como podría ser. Nosotros entendemos que la transformación que está llevando adelante el Puerto de Montevideo, que va a tener calado de 14 metros y muelles nuevos –Ancap está licitando cañerías para llegar a esos nuevos muelles y recibir combustible de alternativa a José Ignacio eventualmente o derivados o  viceversa para aprovisionar–, genera toda una oportunidad para fortalecerlo como un puerto de mayor y mejor servicio para los buques de la región, posicionándose mejor en la competencia de puertos que desde siempre tenemos con los puertos cercanos.

En ese sentido, el monopolio de Ancap aquí es un obstáculo. Es un negocio pequeño para Ancap. No es un negocio que tenga ninguna relevancia en su monto total de facturación; lo va a poder seguir haciendo, pero que sería bueno que otra gente también lo haga para asegurar que hay suministro de combustible para buques y que no tengan que pensar en repostar en otro lado.

En la medida en que esto está monopolizado, se tiene la traba de que lo tiene que hacer Ancap. De hecho, este organismo no lo viene haciendo. Entonces, la propuesta es abrir el espacio para que lo realice cualquier particular que lo quiera desarrollar, más allá de que Ancap también podrá colocar sus productos.

Hay dos temas más vinculados a esto. Hoy en día, mientras no está el muelle grande y demás, buena parte de esta operativa se hace ship to ship. O sea, hay un buque que navega hasta la zona alfa y ahí hace el alijo al buque que está recibiendo el combustible. En esta redacción, mi interpretación como ingeniero nuevamente, era que eso estaba cubierto. Me dicen algunos colegas y abogados que también habría que incluir en la redacción las zonas de alijo, que son las que fija el Tratado del Río de la Plata, de manera de asegurarse que otro particular que cargue un buque en Montevideo, lo lleva a la zona alfa y que ahí también funcione. En mi interpretación, la legislación del puerto y de las zonas de alijo eran las mismas, pero parece que podría existir alguna ambigüedad. Por tanto, conviene redactar claramente que el monopolio tampoco funciona en las zonas de alijo. Esa es un poco la propuesta, que entiendo ha sido polémica, pero creo que no hay que conectarla para nada con la discusión del  monopolio de Ancap sobre el suministro de combustibles al mercado uruguayo, lo cual no tiene nada que ver con esto, ni siquiera en volumen. Y no hay que pensar que,  porque aparezca la palabra monopolio, de alguna manera estamos replanteando la discusión que se formuló en el tratamiento de la ley con declaratoria de urgente consideración, más allá de que todos los senadores saben cuál ha sido mi posición al respecto. Esto es lo relativo al artículo 298.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora gerente financiero contable del ministerio, Claudia Erramuspe.

SEÑORA ERRAMUSPE.- El artículo 297 deroga el literal C) del artículo 311 de la Ley n.º 19670, del 15 de octubre de 2018. Ese artículo reasignaba el crédito del literal c) del artículo 6.º de la Ley n.º 18846, que era la norma relativa al sector de la vestimenta. Se le otorgaba al Ministerio de Industria, Energía y Minería un monto para aplicar al Proyecto de Funcionamiento "Fortalecimiento e Implementación de Políticas de Especialización Productiva"». Eso era en la ejecución 2019 y 2020. En el año 2019 hubo ejecución, como también en el 2020, y pensamos que no van a existir excedentes, por lo que ya no tiene sentido mantener este literal. El único que deroga es el literal c), así que estaría dado por terminado este año.

SEÑOR MINISTRO.- Les quiero expresar dos cosas. 

La primera tiene que ver con que el artículo 299 lo va a explicitar el subsecretario.

La segunda es con respecto a que luego corresponde que tratemos también los artículos relacionados con la Ursea y la Ursec, que están más adelante.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Este fue un acuerdo que surgió entre OPP, la Intendencia de Rivera, la Universidad Tecnológica del Uruguay con sede en el norte, que está instalada en lo que será el futuro Parque Tecnológico, y el MIEM, y se decidió incluirlo dentro del inciso referido a nuestro ministerio. La idea es generar un parque tecnológico, del cual ya hay un desarrollo importante. La Intendencia de Rivera ha trabajado en conjunto con la UTEC. Hay un predio que es propiedad de ANEP, en el que se instalará dicho parque, y hay un máster plan, que debemos comenzar con su ejecución. En este artículo se establece la forma en que el Poder Ejecutivo va a trabajar en el tema, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Hay otras instituciones involucradas como la Intendencia de Rivera, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Universidad Tecnológica del Uruguay, la Universidad de la República, Anep, INIA y el MIEM. Es un proyecto a largo plazo, que será realizado en tres etapas. La primera etapa es la de planificación y tendrá lugar entre los años 2020 y 2021, ya que seguramente se corra un año. En ella se desarrollarán estrategias y lo que se busca básicamente es conseguir empresas ancla que, en definitiva, le den sustentabilidad al proyecto. La segunda etapa es la construcción de la primera fase de la obra y tendrá lugar entre los años 2023 y 2027. La tercera etapa es de expansión y consolidación de la obra y tendrá lugar en el año 2028.

Desde el MIEM entendimos que era necesario apoyar el desarrollo del interior, mucho más del interior bien profundo, el del norte de nuestro país, y darle el apoyo a la Intendencia de Rivera y a la Universidad Tecnológica del Uruguay para poder desarrollar este Parque Tecnológico.

SEÑOR MINISTRO.- Los artículos referidos a la Ursec serán explicitados por los doctores Gonzalo Irrazabal y Guzmán Acosta y Lara.

SEÑOR IRRAZABAL.- Los artículos que mencionaremos son el 663 y los siguientes del proyecto de ley de presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes.

La mayoría de esos artículos vienen a acompañar los cambios que se implementaron a raíz de la Ley de Urgente Consideración. Voy a ir por esa línea y haré algunas puntualizaciones que quedaron pendientes. 

El artículo 663 establece que la Ursec va a tener que proyectar su estatuto de funcionarios. Ese proyecto va a ser remitido al Poder Ejecutivo para que sea aprobado, y hasta tanto no sea aprobado se regirá por el estatuto del funcionario de la Administración Central.

El artículo 664 establece que la transferencia a favor de la Ursec de los bienes que actualmente se encuentran en su poder operará de pleno derecho y aclara que el Poder Ejecutivo determinará los bienes inmuebles que quedan comprendidos y los registros públicos procederán a la registración.

El artículo 665 establece algunas facultades jurídicas, en las que se entendió necesario aclarar que eran competencia del directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Cabe destacar algunas –para no leer todas– atribuciones establecidas como la de designar, promover, trasladar, cesar o destituir a los funcionarios de su dependencia y adquirir, gravar, enajenar y realizar todo otro acto jurídico necesario sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles. Este asunto podría dar alguna discusión por la naturaleza del servicio descentralizado y esta es la forma de subsanarla. Asimismo, el inciso final del artículo propone que el presidente del directorio podrá adoptar medidas urgentes cuando las entienda imprescindibles e impostergables, comunicándolo al directorio en la próxima sesión.

El artículo 666 establece que la Ursec también proyectará el reglamento general de la estructura orgánica en funcionamiento, elevándolo al Poder Ejecutivo para su aprobación. Y mientras esto no esté vigente regirán las disposiciones de la Administración Central.

El artículo 667 establece que la Ursec está exenta de toda clase de tributos nacionales, aun aquellos previstos en leyes especiales, exceptuadas las contribuciones a la seguridad social. Esto es así, básicamente, porque la unidad reguladora, a diferencia de otros servicios descentralizados o entes autónomos, no presta servicios comerciales. Es por eso que la exoneración está prevista.

El artículo 668 incluye a la Ursec en lo dispuesto por el Decreto Ley n.º 14950, en la redacción dada por el artículo 744 de la Ley n.º 16736. Esto tiene que ver con cómo la Constitución actúa en mora, en caso de que un regulado no cumpla con las obligaciones o con las disposiciones que dicte la Ursec.

El artículo 669 deroga el artículo 109 de la Ley n.º 18046, con excepción de los cargos y funciones de la Ursec, así como sus niveles retributivos nominales dispuestos en el inciso primero, lo que rige hasta que se apruebe el nuevo presupuesto.

El artículo 670 establece cuál es la vinculación administrativa que tiene la Ursec, y dice que es a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Antes había una mención al Ministerio de Educación y Cultura, pero se entendió que no era pertinente.

El artículo 671 establece que la Ursec tendrá como servicio descentralizado ejercicios económicos anuales. El primero será el 31 de diciembre del 2021.

Con relación al artículo 672, entiendo que lo va a comentar el doctor Guzmán Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor presidente: este artículo fue pensado desde el ministerio y desde la Ursec a los efectos de defender a la industria nacional de los contenidos, a los medios audiovisuales y a los medios de comunicación, que han sido gravemente afectados por la piratería, que es algo que está ocurriendo no solamente en Uruguay sino en el mundo entero, y se realiza a través de internet. Sin lugar a dudas, esto genera daños muy importantes a la televisión por cable y a la televisión satelital, así como también provoca pérdidas de ingresos significativas para los estados, además de producir daños con la pérdida de trabajo importante en los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, la difusión de estos contenidos audiovisuales que se realicen en violación a lo establecido por la ley de propiedad intelectual y sus normas modificativas van a poder ser sancionadas administrativamente. ¿En qué etapa? Mediante una facultad que se le otorga a la Ursec para adoptar medidas sancionatorias, preventivas y, obviamente, con carácter temporal, a los efectos de dar una respuesta inmediata e independiente a lo que ocurra en sede judicial. Esto no está sustituyendo a lo que ocurra en sede judicial, sino todo lo contrario: se suma como una medida más en el respeto de los derechos del debido proceso. Es una medida de carácter cautelar en ese sentido, preventivo y por un plazo específico de treinta días. Sin lugar a dudas, esta normativa es muy importante para la industria. Hemos hablado con todos los actores de la industria nacional y, obviamente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería debe proteger las fuentes de la industria local en este sentido.

Las facultades que va a tener la Ursec van a ser reglamentadas por decreto. Esto va en consonancia con otra normativa que ha ocurrido en el pasado; no estamos inventando algo nuevo. Esto se utiliza también para penalizar lo que es el juego clandestino. Tomando en cuenta la Ley n.º 19535, los artículos 244 y 245, y el decreto reglamentario 366 de 2017, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas puede comunicarse con la Ursec a los efectos de denunciar sitios web y bloquearlos en donde se realizan apuestas ilegales. En este sentido la normativa está en consonancia con lo que proponemos desde los medios audiovisuales para impedir el aumento de la piratería. Creemos que es una norma muy importante que va a proteger a la industria nacional y a los derechos de autor y, sin lugar a dudas, es algo que se viene reclamando hace mucho tiempo.

A nivel internacional puedo decir que esto no es un invento uruguayo, porque está ocurriendo en otras partes del mundo y hay más de veinticinco países que ya tienen este tipo de medidas de protección de derechos de autor en internet. No es que lo que ocurre en internet sea distinto a lo que ocurre en la vida real; los delitos en dicho ámbito también deben ser perseguidos y cuestionados respetando los derechos de la libre expresión por sobre todas las cosas. Evidentemente no podemos permitir que actos ilegítimos sean permitidos. Esto va en consonancia con la normativa nacional e internacional que existe sobre el tema.

Creemos que es muy importante, tanto para los medios de comunicación como para el sector audiovisual, ya que es una industria que viene desarrollándose y creciendo, y este ministerio la apoya en forma muy activa. Por esta razón es determinante que se apruebe esta norma.

SEÑOR MINISTRO.- Corresponde exponer sobre Unidad Reguladora de Energía y Agua, Ursea y, si me lo permite el señor presidente, cedería el uso de la palabra al doctor Irrazabal.

SEÑOR IRRAZABAL.- Los artículos 673 y siguientes básicamente recogen lo que ya presentamos sobre la Ursec, por lo tanto haré un repaso rápido porque es espejo de lo que se propone para la unidad antes mencionada.

El artículo 673 establece que la Ursea va a tener que proyectar el estatuto de sus funcionarios, y hasta tanto eso no suceda el organismo se va a regir por el estatuto del funcionario de la Administración central. Además, la Contaduría General de la Nación reasignará los créditos presupuestales que correspondan al inciso a los efectos de cumplir con la Ley n.º 19889, de urgente consideración.

El artículo 674 incluye a la Ursea en lo dispuesto por el Decreto Ley n.º 14950 respecto a la configuración de la mora en caso de que algún sujeto obligado no cumpla con algunas disposiciones del organismo y se lo tenga que constituir en mora previo a algún procedimiento. Con respecto al artículo 675, después de la creación del Ministerio de Ambiente por la Ley n.º 19889 se lo tuvo que modificar. En su segundo inciso se establece: «A los efectos de cumplir con los artículos 118, 119 y 317 de la Constitución de la República, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua lo hará a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería o del Ministerio de Ambiente, de acuerdo con la materia que corresponda ...».

El artículo 676 incorpora atribuciones específicas al director de la unidad reguladora, en consonancia con lo que ya presentamos para la Ursec. Contiene similares literales a los efectos de despejar cualquier tipo de dudas con respecto a las facultades del directorio. También se establece que su presidente podrá adoptar medidas urgentes con el mismo mecanismo que el comentado para la Ursec.

El artículo 677 establece que la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía  y Agua está exenta de toda clase de tributos nacionales, al igual que lo que presentamos para la Ursec.

El artículo 678 establece que la unidad va a tener ejercicios anuales y el primero su fecha de cierre será el 31 de diciembre de 2021.

Estos serían los artículos de la Ursea. 

SEÑOR MINISTRO.- Ahora nos referiremos a un par de puntos que quedaron pendientes que, de alguna manera, no han sido tratados en la Cámara de Representantes o han sido trasladados a la comisión y me gustaría que se reconsideraran.

El primero es una excepción al Tocaf que tienen que ver con los proyectos de eficiencia energética. Probablemente los señores senadores sepan que existía una excepción para aquellos proyectos respecto de los cuales un organismo público recibía de una empresa privada una inversión que le permitía mejorar su consumo energético, y la remuneración de la empresa era a partir de compartir los resultados por un tiempo. 

Esa excepción al Tocaf fue eliminada y nosotros entendemos valioso que se  reconsidere.

SEÑOR CARRERA.- Apoyado.

SEÑOR BERGARA.- Apoyado

(Dialogados).

SEÑOR MINISTRO.- Por otro lado, quiero referirme al tema de las patentes, que sé es muy polémico a nivel de todos los señores legisladores, realmente de todos. Y queremos insistir en este punto.

Por mi parte, voy a hacer una muy breve introducción para luego cederle la palabra a la doctora Estrada, directora nacional de la Propiedad Industrial.

La ley de patentes y de propiedad intelectual uruguaya funcionaba de cierta forma en lo que tiene que ver con la protección de los que solicitan patentar una determinada idea. En 2013 eso se cambió, pero lo que importa tener en cuenta –y lo voy a decir esquemáticamente, porque la doctora lo hará de modo mucho más claro que yo– es lo siguiente. Consideramos tres instancias: la solicitud de la patente, la publicación de la información vinculada a la patente y el otorgamiento de la concesión de la patente. Entre las dos primeras etapas hay un plazo de dieciocho meses, pero a partir de allí hay un tiempo bastante indefinido –a veces muy largo–, porque la publicación se debe estudiar a fondo para saber si efectivamente se trata de algo patentable o no, más allá de los distintos recursos con los que pueda contar la unidad para hacer más o menos acelerado el trámite.

En 2013 se dijo que la protección corría a partir de la concesión que, en general, tiene lugar muchos años después de iniciado el trámite. Esto constituye un claro desestímulo a la hora de patentar algo, porque estará años a la vista del público sin tener derecho alguno sobre ello. Por lo tanto, se ha patentado muy poco. 

Consideramos que el país está entrando en una fase de desarrollo –ya ha entrado hace unos cuantos años–, en la que la innovación pasa a ser un elemento clave en su capacidad productiva y competitiva. Frente a esta situación entendemos que se da un desestímulo para patentar o un estímulo para hacerlo en otro lado, lo que no nos parece razonable en este estadío de desarrollo del país.

Nos resultaría interesante que el Senado pudiera reconsiderar el artículo que presentamos, por el que se cambia el momento de la protección hacia la publicación, y no a la solicitud, como era inicialmente en la ley.

Reconocemos que el tema ha sido motivo de algunas críticas, por lo que pido a la doctora Estrada que explique y responda algunas de ellas.

SEÑORA ESTRADA.- Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- ¿Cuál era el número del artículo en el proyecto de ley original?

SEÑORA ESTRADA.- Artículo 289.

Agradezco nuevamente la oportunidad de poder plantear nuestra inquietud.

Como bien señaló el señor ministro, la propuesta busca incluir una protección previsional para el titular de una patente. El objetivo principal de esta propuesta es impulsar la innovación, tanto nacional como extranjera, en Uruguay, y la transferencia de tecnología. Buscamos desestimular la copia indebida de trabajos realizados por terceros sin autorización de los titulares de las innovaciones.

Para poder entender un poco mejor la propuesta, nos parece muy importante explicar tanto el trámite como la génesis del artículo 99. El ministro ya hizo una alusión, pero me gustaría entrar un poco más en el tema.

Con respecto al trámite de la patente, la norma establece a texto expreso que la protección de la patente es de veinte años contados a partir de la solicitud de la patente. Asimismo, establece que a los dieciocho meses contados a partir del día siguiente de la solicitud, dicha patente se debe publicar. Esto no significa que es de dominio público, pero sí significa que cualquier tercero puede acceder a esa información.

Sin perjuicio de lo anterior, el examen de solicitud por parte de la DNPI se realiza por orden de prelación, y existe un atraso de dos años, en promedio.

Como consecuencia de lo dicho anteriormente, si la oficina concede una patente, en base a la normativa actual su titular no puede accionar contra aquel tercero que haya hecho un uso indebido de la patente, consecuencia de la publicación que establece la norma a texto expreso, y no cuenta con herramientas para evitar que dicha infracción ocurra. Eso no guarda coherencia con los veinte años de protección establecidos en la propia norma.

Cabe aclarar que la propuesta no es una norma prohibitiva; es decir, no prohíbe a cualquier tercero hacer uso de una patente que está en estudio, sino que simplemente establece la posibilidad de que el titular de una patente pueda reclamar por el uso indebido de dicha patente en estudio. Quien determine si el uso fue indebido, o no, será la Justicia ordinaria.

Incluso, en el artículo 41 de la ley de patentes se establece a texto expreso que cualquier tercero no solicitante de una patente puede hacer uso de la misma, siempre que pueda demostrar que haya sido utilizada de buena fe.

No está de más aclarar que una patente puede ser utilizada por cualquier tercero que esté dispuesto a negociar una licencia con el titular, que ha invertido tiempo y dinero en desarrollar esa invención. Incluso, la norma establece a texto expreso que, en caso de que un titular no quiera licenciar dicha patente, o no lo haga en condiciones comercialmente razonables, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial puede conceder licencias obligatorias. 

Es importante recordar, como explicaba el señor ministro, que esta protección provisoria es encontrada en la redacción original del artículo 99 de la ley de patentes, incluso con un alcance mayor, es decir, desde la solicitud de la patente. El texto propuesto es más moderado: es a partir de la publicación. No quedan dudas de que cualquier tercero puede acceder a dicha información y, por ende, hacer uso indebido de ella.

También queremos destacar que este texto que estamos proponiendo no es distinto a otros ordenamientos jurídicos como, por ejemplo, el de Brasil, el de Chile, un tratado de patentes de la Unión Europea, el de Estados Unidos, entre muchísimos otros. La propuesta viene a pedido de diferentes usuarios de patentes que entienden necesaria esta protección provisoria para poder, justamente, invertir y promover la innovación.

Entre los consultados, se expresaron a favor de esta modificación Audapi, CEFA, Camagro, la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando, el Instituto Nacional de Semillas, y muchos otros.

Les agradezco mucho el tiempo y quedamos a las órdenes por cualquier consulta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Solicito a la señora Estrada, si es posible, que reitere la primera información que dio cuando empezó a hacer la argumentación, porque no comprendimos bien.

SEÑORA ESTRADA.- ¿Con respecto al trámite? 

SEÑORA KECHICHIAN.- Sí. 

SEÑORA ESTRADA.- Cómo no; con mucho gusto. 

La norma establece a texto expreso que la protección de una patente es de veinte años contados a partir de la solicitud de la misma. Asimismo, dicha norma establece que a los dieciocho meses contados a partir del día siguiente de esa solicitud, la patente debe ser publicada. ¿A qué efectos? De oposición, para que venga cualquier tercero y diga: «No; esto ya lo inventé», o «Esto ya lo solicité». 

Entonces, ¿qué sucede? A los dieciocho meses contados desde la solicitud, esa patente es pública en el sentido de que cualquiera puede acceder a la información, no en el sentido de que cualquiera pueda hacer uso de la misma. ¿Me explico? Y es muy importante destacar que la oficina tiene un atraso de diez años en el estudio de las patentes. ¿Qué significa esto? Que si en el día de hoy ingresa una solicitud de estudio de patente, recién dentro de diez años, en el 2030, vamos a expedirnos a favor o en contra del otorgamiento de la patente, cuando ocho años atrás esa misma patente ya se podría haber publicado por indicación expresa de la norma. Hay quienes entienden que los primeros diez años de una patente –que son los más productivos– están desprotegidos por la situación actual de la norma y, por supuesto, de la dirección.

SEÑOR MINISTRO.- Hemos terminado con la explicación de los artículos, así que estamos a disposición de la comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores senadores: se abre la instancia de formulación de preguntas al señor ministro de Industria, Energía y Minería y al equipo que lo acompaña.

SEÑORA NANE.- Muy buenos días para todos. 

Bienvenida la delegación que nos visita y gracias por sus aportes. 

Quiero plantear varias consultas que tengo ordenadas más por área programática y programa que por artículo, así que mejor las comento y después ustedes las organizan entre cada uno de los interlocutores.

La primera preocupación que deseo expresar tiene que ver con que el señor subsecretario Verri habló de las convocatorias y de las acciones sobre las industrias de videojuegos y de audiovisuales. Quiero dejar constancia de que para nosotros es fundamental el desarrollo de ambas industrias. Nos parece que el futuro está por ahí, sobre todo para muchos y muchas jóvenes.

El subsecretario decía que hay varias convocatorias abiertas. Nosotros consultamos en el portal del ministerio y hoy hay tres convocatorias abiertas en ventanilla. Como en la parte de indicadores estratégicos no veo indicadores que nos permitan saber cómo se van a llevar a cabo todas las demás acciones que mencionó el señor subsecretario, les pido si nos podrían iluminar un poco más el camino hacia esa evaluación que en un futuro podríamos hacer.

En segundo lugar, saludo con especial agrado las iniciativas de inteligencia artificial que veo que están promocionando para los trámites digitales. Era necesario hincarle el diente a ese tema. Gracias por tomar ese guante. Me parece muy saludable que los trámites sean ejemplo en ese sentido.

Con respecto a la Dinatel, hay algunos objetivos estratégicos que hablan de la cobertura 5G. Si bien el indicador probablemente tenga un error de tipeo, que sugiero que revisen –después les digo en qué página lo encontré–, nuestra preocupación es cómo será implementado el porcentaje de cobertura 5G, cualquiera sea este. Reitero que habrá que corregir el error de tipeo. Tenemos entendido que actualmente poseemos cuatro o cinco radiobases de 5G que están trabajando en una frecuencia muy alta, por lo cual eso no da cobertura, porque están pensadas más bien para instalar hotspot y no para hacer una cobertura. También tenemos entendido que la banda de frecuencia sobre la cual se da esa amplia cobertura –me refiero a la cobertura 3.5– no es propiedad del Estado sino de una empresa privada que hoy está trabajando en esa frecuencia. Queremos saber cuál es el plan táctico en ese sentido –reitero: cualquiera sea el porcentaje correcto que tengan como objetivo de cobertura– y cómo se implementaría. 

Otra pregunta que deseo formular –y en esto confieso mi ignorancia– refiere a qué es el Servicio Postal Universal que aparece como uno de los objetivos estratégicos del ministerio.

Todo lo demás tiene que ver con los programas en los que está involucrado el MIEM y voy a empezar por el 320.

En la parte de Dinatel, en muchos de los objetivos estratégicos de esa unidad ejecutora, varios de los indicadores que veo son solo para los años 2020 y 2021. Me gustaría saber si no tenemos más porque no se previeron o porque no se tienen elementos como para proyectar hacia el futuro.

Después tenemos una iniciativa para el fortalecimiento interno. Se habla de mejorar la infraestructura y de mejora edilicia. Como segundo objetivo se menciona lo siguiente: «Lograda la venta de alguna de las propiedades, comenzar la búsqueda de un edificio que unifique el Ministerio» y está previsto que se cumpla en 2023. Mi pregunta es si esa idea de mejorar y de buscar un edificio es lo que quieren financiar con la venta del dique Mauá.

Sigo en el Programa 320, en la Dinapyme. Tengo entendido, de acuerdo a declaraciones que hizo el ministro en la Cámara de Representantes, que aún no fue designado el director –o la directora–, y veo indicadores que involucran solo los años 2020 y 2021. También advierto, con preocupación, que esa unidad ejecutora no está participando en los programas de innovación y de generación de empleo, que vaya si serán necesarios para las pequeñas y medianas empresas.

En el Programa 321 que fomenta, como decíamos, la innovación, les comenté que no veíamos a Dinapyme pero tampoco vemos a Dinatel ni la Dirección Nacional de Energía. Entonces me pregunto por qué no están transversalizadas por objetivos estratégicos de innovación en ese programa. 

Si miramos el Programa 322 que refiere a la cadena de valor de motores de crecimiento, de las unidades ejecutoras del MIEM vemos que solamente participa la Dirección Nacional de Minería y Geología. Me preocupa que no haya otra unidad ejecutora involucrada, al menos en los objetivos estratégicos.

Si después voy al Área Programática n.º 9 y miro la Dinatel –que es la única que participa– estoy viendo dos indicadores que me llaman la atención. Uno es la meta de porcentaje de hogares rurales con banda ancha, que es del 58 % para 2021 pero no hay datos para el resto del período. Esa meta del 58 % queda un poco rara –quizá también sea un error de tipeo– porque de acuerdo a los últimos datos de la Ursec –que se publicaron en mayo–, el departamento que tenía menos cobertura de banda ancha era Tacuarembó y tenía un 56 % o 57 % casi. Entonces, si ahora veo un indicador de 58 %, es raro. Y el otro indicador que llama la atención es en el objetivo de acceso a la sociedad de la información y el conocimiento que está medido con el porcentaje de hogares que acceden a televisión digital pública abierta. Ahí tenemos una meta del 14 % en el 2020 y un 16 % en 2021, pero no está muy claro sobre qué universo de hogares se están calculando esos porcentajes. En realidad, la pregunta y la duda vienen porque, en Montevideo, más de la mitad de los hogares del país tienen acceso a la televisión digital por abonado y todos los cableabonados también porque, además, tenemos el artículo Must Carry de la Ley de Medios que dice los cableoperadores tienen que incluir la televisión abierta en su grilla. Entonces, no queda muy claro sobre qué se está midiendo. Además, nos gustaría entender el asunto de los indicadores porque después la gestión se evalúa en base a ellos, y por eso les estamos prestando un interés en particular.

Asimismo, voy a hacer dos consultas con respecto a los polos tecnológicos. La primera de ellas refiere al artículo 275. Concretamente, me gustaría saber si se ha reducido la línea base del inciso en el monto que corresponde a las transferencias al LATU. La segunda pregunta –que me la hicieron llegar hacer un ratito– tiene que ver con el Polo Tecnológico de Pando. Entendemos que se estaría reduciendo una partida que va a la Universidad de la República y, aparentemente –de acuerdo con la interpretación de la gente del sindicato–, los salarios de los investigadores estarían en peligro. En el entendido de que los polos son un ecosistema –así también lo expresó el señor ministro–, si existiera alguna duda respecto de los investigadores, uno de los puntales de ese ecosistema estaría, por lo menos, un tanto flojo, según esa interpretación.

Muchas gracias. 

SEÑORA LAZO.- Antes de comenzar, nuestro agradecimiento a la delegación encabezada por el señor ministro.

Mi consulta refiere al artículo 277. Brevemente, voy a hacer un poco de historia. Recuerdo que el actual subsecretario estuvo en la comisión en ocasión del proyecto de ley presentado en primera instancia por el actual secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado. Posteriormente, la ley sobre parques industriales tuvo un diálogo interpartidario muy importante, que culminó en 2019 con su aprobación. En ese sentido, compartimos algunas de las preguntas realizadas por la señora senadora que nos precedió en el uso de la palabra relativas al Polo Tecnológico de Pando.

Concretamente, en el artículo 277 se propone una modificación que elimina la última frase, relativa a la habilitación; se hace referencia a la eliminación del previo informe de la comisión asesora y al artículo 19 posterior de la misma ley. En realidad, se está sustituyendo el artículo 3.º, eliminando la última frase que, reitero, habla de la comisión asesora.

A nuestro juicio, la comisión asesora tiene un componente territorial muy importante donde hay no solo integrantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sino también del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Economía y Finanzas, y dos integrantes del Congreso de Intendentes. Nos parecía que ese componente territorial es importante a la hora de tener en cuenta, precisamente el ordenamiento territorial, que también debería estar en esa comisión asesora y, justamente, en el componente territorial.

Luego, en el artículo 280 se propone sustituir el artículo 10 de la Ley n.º 19784. En el literal A), podemos decir –creo que con beneplácito– que se incluyen los servicios de tecnología, información y comunicación; todo lo que refiere a ese articulado nos parece absolutamente productivo. Sin embargo, en el literal G) se elimina la frase

«cooperativas y empresas autogestionadas que estén integradas o posean potencial de integración a cadenas de valor priorizadas», sustituyéndola por «empresas u organizaciones o que se desempeñen como proveedores o aliados estratégicos». Nos gustaría profundizar un poco en la razón específica de esa eliminación.

Esas son las dos preguntas que queríamos realizar, una de las cuales refiere, particularmente, al componente territorial de la comisión asesora. Nos parece, o por lo menos nos sugiere, que se estaría otorgando demasiada potestad al Poder Ejecutivo sin especificar el componente territorial.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA KECHICHIAN.- Doy la bienvenida a la delegación.

Quiero insistir en el Polo Tecnológico de Pando porque, realmente, nos han trasmitido mucha preocupación al respecto.

Este polo, que tiene más de veinte años, que ha cumplido un papel de apoyo más que importante al sector productivo –no solo al sector cárnico, sino a la producción en general–, que es un instituto universitario que cuenta con cuarenta y seis investigadores

–muchos de ellos jóvenes– que se han formado específicamente para asistir al sector productivo durante todos estos años, y que también es incubadora –obviamente; es un polo tecnológico–, funcionaba con la participación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de la Intendencia de Canelones, de la Cámara de Industrias del Uruguay y de la Universidad de la República. Ahora bien, se nos transmitió cierta preocupación por la disponibilidad de recursos para mantener a los investigadores. De acuerdo a las previsiones transmitidas, se perderían alrededor de veinte a veinticinco investigadores, pero constituiría una pérdida no solo en el número, sino también en la formación y especificidad con la que se ha venido trabajando durante todos estos años. Me gustaría saber cómo está mirando esta situación el ministerio y qué propuesta tiene para ese polo que, desde nuestro punto de vista –lo hemos seguido de cerca y lo conocemos muy bien–, ha cumplido un papel, especialmente de apoyo al sector productivo, muy importante en nuestro país.

Muchas gracias.

SEÑOR NIFFOURI.- Ante todo, saludo a la delegación.

Sin duda, entendemos que el Ministerio de Industria, Energía y Minería, como rector de una enorme cantidad de políticas, debe aggiornarse y agilizar las distintas fases y actividades que se desarrollan a nivel país, porque muchas veces los procesos y las inversiones fracasan debido a la burocracia estatal, al excesivo tiempo que llevan los trámites y las viabilizaciones.

Con respecto a los parques industriales, compartimos la idea de que deben ir aggiornándose con el tiempo. Cuando se trató la ley en el Parlamento propusimos – aunque sabemos que a veces es difícil implementarlo– que esos distintos parques industriales ayudaran a levantar las zonas donde se instalaban. Por ejemplo, en el departamento de Canelones hay una zona naturalmente logística –me refiero a las rutas 101 y 102– que ha crecido en base a la instalación de muchas empresas; sin embargo, a veces eso no deriva en trabajo para la gente de esa zona, de Colonia Nicolich.

Cuando se introdujeron modificaciones relacionadas con los parques industriales, propusimos que existiera un mínimo porcentaje de puestos de trabajo para los habitantes de la zona donde se instalaran esos distintos parques. También propusimos viabilizar y facilitar la burocracia estatal para quienes allí se instalaran. Conocemos un emprendimiento –en este caso, de Pando– dedicado a la extracción de aceite de cannabis para uso medicinal que fue instalado hace cuatro años, ya obtuvo su segunda cosecha y todavía están en trámite algunas habilitaciones. Y los inversores que vinieron están a punto de retirarse del mercado por esa enorme burocracia. Sin duda, esas cosas no tendrían que pasar y, en ese sentido, el Ministerio de Industria, Energía y Minería debería actuar como rector para agilizar, más allá de que en este caso las habilitaciones dependían del área de salud pública.

Repito: esas cosas no deben suceder. Además, hay que potenciar estas actividades, y creemos que en estos momentos, en los que tanto se necesita la inversión, el trabajo y el empleo, habría que pensar en algunas zonas francas temáticas. Recuerdo que en la campaña electoral para las elecciones departamentales se hicieron interesantes propuestas con respecto a este tema. Entendemos que esas zonas francas temáticas deberían instalarse en lugares en los cuales se precisa el trabajo, es decir, no solamente en aquellos en los que la venta se hace sola, sino en localidades decaídas, para levantarlos y que generen empleo allí.

A su vez, nos parece muy bien el compromiso asumido por el Gobierno en materia de combustibles –sin quitar el monopolio a Ancap– de fijar precios competitivos con la región; es una propuesta bien interesante y audaz, que va de la mano de la competitividad y el trabajo productivo de muchos sectores. Así que acompañamos ese mensaje.

Estamos convencidos que el Ministerio de Industria, Energía y Minería debe tener un rol muy proactivo también en lo que respecta a las inversiones en este país, sobre todo en este momento que tanto se necesitan, por lo que nuestro papel es clave en todas estas gestiones.

SEÑOR SARTORI.- Muchas gracias a la delegación del Ministerio de Industria, Energía y Minería por su presencia.

Considero que en el contexto actual de nuestro país y del mundo, este ministerio tiene un papel fundamental que jugar en la reorganización de las políticas públicas que puedan atraer esa inversión y esa generación de empleo que tanto necesitamos. Pensando esto como una política de Estado, me encanta el encare de muchos de los artículos y las reformas que ustedes están planteando, porque apuesta a lo que vemos que está funcionando en nuestro país. Hoy se precisa más estímulo, más exoneración, más empuje para que la inversión se radique, porque parecería haberse instalado el sentir de que como nos fue bien con la pandemia, Uruguay está de moda y va a venir mucha inversión, pero el límite de eso es la competitividad de nuestro país, la velocidad de las políticas públicas, de la administración, cuando uno solicita un permiso o hace un pedido de autorización. Muchas de las propuestas que vimos acá van en esa línea; me gustó la Dinamige tratando de acelerar muchos de esos permisos que quizás en el pasado no permitieron que una industria nueva se desarrollara en el Uruguay. Si vamos a la historia, vemos que a la ganadería le tomó doscientos años exportar mil millones de dólares; a la forestación, treinta años; y a la soja, diez años. Creo que en nuestro país tenemos cuatro o cinco industrias que en los próximos cinco años podrían exportar más de mil millones de dólares, pero precisan la velocidad del mundo de hoy en los recursos naturales que tenemos. La minería, la piscicultura y el cannabis son industrias de ese tipo, y en muchos casos no pudieron desarrollarse por exceso de burocracia o lentitud en entender el marco jurídico que necesitaban. Eso va más allá ahora, abarcando a la industria del conocimiento, de la que tanto hablábamos. Esas industrias tienen una velocidad que nunca se ha visto en el mundo entero. En particular, en el caso de las patentes, decimos que queremos que un emprendedor genere una nueva empresa en nuestro país pero luego, cuando le decimos que vaya a patentar su idea, con suerte dentro de diez años tendrá la protección. Entonces, no podemos querer emprendimiento, innovación y desarrollar la industria del conocimiento en nuestro país bajo ese tipo de leyes, que el ministerio –con mucho criterio– propone cambiar y después, inentendiblemente, la Cámara de Representantes lo echa para atrás. Esas son las trabas que debemos estar pensando en sacar de Uruguay. Hablábamos de inversiones de mil millones de dólares y hace poco se supo de una empresa uruguaya de menos de cuatro años que ya tiene una valorización de mil millones de dólares. O sea, destrancar la capacidad de valor agregado en la industria del conocimiento, en la industria de lo intangible, es fundamental; y en eso involucro a todas las industrias en las que este ministerio está trabajando, como la biotecnología, la nanotecnología y la investigación en general. Tenemos que invertir en esos centros de investigación.

Hace poco visité el Polo Tecnológico de Pando y vi que se está cayendo a pedazos; hasta la escalera está rota. ¿Cómo queremos invertir en industrias del futuro cuando por no poner poca plata tenemos trancada la posibilidad de inversiones desde el punto de vista público?

Me gustaría poner más esfuerzo en esto. Van a tener nuestro apoyo para tratar de revisar muchas de esas leyes que sé que están analizando. Quizás haya que ir un poquito más lejos, como intenta hacer el ministerio, volviendo a poner sobre la mesa el tema de las patentes –que se había sacado– y el de los combustibles, de manera de lograr una mejor competitividad.

Sobre esos aspectos hay que instar a seguir trabajando y ver si en esta cámara podemos ir un poquito más lejos.

Muchas gracias. 

SEÑORA ASIAÍN.- Doy la bienvenida a las autoridades y asesores del ministerio y les agradezco la exposición.

Me voy a centrar en dos puntos que me llamaron mucho la atención en forma positiva. Uno de ellos tiene que ver con la protección de los derechos de autor, que es una forma de propiedad. A ese respecto, en el proyecto de ley de presupuesto el ministerio propone dotar de mayor protección cumpliendo con el mandato constitucional, consagrado en su artículo 33, que dice: «El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley». Es la concreción del derecho general de propiedad a la cual el constituyente quiso dotar de una protección especial, de la protección del derecho de autor y prevención de la piratería, establecido en el artículo 372 que refiere a la difusión de audiovisuales. Pero quiso proteger muy especialmente el caso de las patentes, lo que me pareció muy pertinente. Ese artículo expresa: «El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes… », –es decir, las que están previstas; no es que se inventa una protección, sino que es ampararse en el orden jurídico vigente– «… contra quien realice actos de violación …», o sea, contra un ilícito.

En ese sentido, comprendimos la fundamentación del artículo y felicitamos esta iniciativa, que también es un incentivo para el creador. Como dice un cartel ubicado en la ruta Interbalnearia: «Derecho de autor, salario del creador», que creo es bien ilustrativo en este sentido. 

Así que retomo la iniciativa de volver a este artículo. 

SEÑOR OLESKER.- Muchas gracias a los integrantes del ministerio por su comparecencia.

Si bien vamos a discutir estos temas en los días previstos para ello, así como el ministro dejó algunas constancias, quería señalar que no vamos a acompañar los artículos 296 y 298, relativos a la infraestructura de Ancap y a los combustibles en puertos. ¿Por qué? En primer lugar, porque entendemos que este es un presupuesto de la Administración central y de los organismos del artículo 220, y esta cuestión involucra – a nuestro juicio, bastante relevantemente– a un organismo del artículo 221. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que esto se incorpore en el presupuesto; pero eso es una formalidad. Tampoco vamos a acompañar esos artículos porque no entendemos –la explicación que dio el ministro no nos ayudó a hacerlo– cuáles son los beneficios de que Ancap arriende su infraestructura; parece obvio que se excluye la refinería, sería casi imposible y sería prácticamente un traslado de la refinería a privados. Lo asimilamos mucho a la discusión que ya dimos sobre el artículo 262 de la LUC cuando debatimos acerca del arriendo de Antel, que fue eliminado, aunque ahora volvió por la ley de medios. O sea, parece haber una cierta insistencia en que el Estado arriende sus estructuras, que tienen un costo fijo, para que los privados solo incorporen un costo variable. Además, a diferencia de otras normas legales, como la de explotación de hidrocarburos, donde hay actividad preceptiva del Poder Ejecutivo para que se tomen determinadas medidas en el organismo autónomo, aquí, el artículo 296 parece ser una decisión a la que se autoriza y no hay contrapartida prescriptiva del Poder Ejecutivo.

Asimismo, lo otro que quisiera recordar es que en la Ley de Urgente Consideración aprobamos una extensión de la actividad de la ANP a los puertos deportivos. Por lo tanto, el artículo 298 no solo incluye a los puertos comerciales, sino también a los deportivos. La venta de combustible es monopolio de Ancap y creemos que debe ser así en todo el territorio nacional, incluidas las aguas.

SEÑOR BOTANA.- Estamos frente a un articulado que refleja una concepción clara, una orientación que va en búsqueda del aprovechamiento de la inteligencia nacional, que trata de situarnos en el plano de la economía del conocimiento, de eliminar las trabas para la actividad y que atiende, además, la diversidad de situaciones en toda la extensión del territorio nacional. Eso se refleja en las cuestiones vinculadas a los temas energéticos y en los artículos que hacen mención a la regulación del tema de las aguas; por supuesto en el más claramente avanzado de esos temas, el de las comunicaciones. La idea es hacer un abordaje completo de la cuestión de los parques industriales, que fue un sueño que se instaló en el país y tuvo poco éxito, justamente, porque no se hizo dicho abordaje. Trabajamos en algunas áreas, pero nos olvidamos de que las empresas que se instalan deben tener todo allí y en las mejores condiciones para poder ser competitivas. En el tiempo de hoy, nadie resiste una dimensión superior o menor a la que el mercado manda. Entonces, también estas cuestiones de tamaño influyen en lo que debe ser una concepción modera.

Por lo tanto, me encanta la preocupación por adaptar estas cuestiones y también por pensar en alternativas, como la del Parque Tecnológico en Rivera, porque la inteligencia nacional no está ni debe estar solamente en el sur y, seguramente, la instalación de inteligencia en otros lugares del territorio mejorará la distribución del ingreso en este país. Eso es hablar de justicia social, amén de hablar de inteligencia y economía del conocimiento.

Asimismo, me ha gustado que el tema de la artesanía esté presente porque combina arte e inteligencia, características tan propias de la personalidad del ciudadano de nuestro país. Por esa razón, me parece bueno devolver al país el énfasis del desarrollo de la artesanía.

A su vez, quisiera hacer dos o tres comentarios. 

Lo primero que quiero decir es que lo bueno que tiene el articulado con respecto al tema de las canteras es que esta preocupación, que estaba impidiendo la posibilidad de dar comienzo a las obras públicas y que se ha transformado en una traba de costos y demoras para la aprobación de las canteras, está contemplada por los dos ministerios a los que se les planteó la inquietud. Es bueno que esto no haya caído en saco roto; vino dos veces. En ese sentido, es mejor que haya venido dos veces y que ahora los dos ministerios hayan coordinado de una manera inteligente. Conocemos los artículos que se van a incorporar y me parecen sumamente prácticos. El Congreso de Intendentes venía trabajando con minería. La secretaria general de la Intendencia de Florida, la doctora Macarena Rubio, me va a recordar mejor la fecha. Hoy ya está integrando una comisión junto a los ingenieros del Congreso Nacional de Intendentes hace más o menos cinco años. Se ha venido trabajando con constancia, dedicación, para llegar a esta fórmula que habilita rápidamente este tema, pero que cuida las cuestiones ambientales, cuida las cuestiones del patrimonio minero y no agrega costos. Entonces, realmente me parece una muy buena solución, al igual que todo lo vinculado al tema de los combustibles en el puerto. ¿Para qué queremos este monopolio? ¿Para hacer un mal negocio para Ancap, para encarecer los combustibles y para que los barcos se vayan a otros puertos? ¿Dónde está la inteligencia de esa medida? ¿Cuál es la idea que nos mueve? ¿La tozuda idea de la soberanía nacional? ¿La soberanía de qué? ¿La soberanía de que no vengan? ¿La soberanía de no poder tener actividad portuaria? ¿De que nuestro puerto sea más caro que los otros y no sea competitivo? ¿De que todos se vayan al puerto de Río Grande? ¿De hacer que Ancap haga un mal negocio comprando y vendiendo lo que no le conviene? ¿De que tengamos, además, costos para transportar esos productos que, por lo general, los tenemos que comprar? Sinceramente, me parece mucho más práctico, inteligente y mejor para el país esta solución. Después discutiremos, cuando conozcamos bien la estructura de costos, el tema de los combustibles en general y si es bueno o no mantener nuestra refinería funcionando. Tal vez ahí sí podamos llegar al acuerdo de que si la vamos a mantener o si vamos a mantener un monopolio comercial, capaz que es mejor que sea del Estado a que sea privado, porque los monopolios, todos, implican pérdidas sociales, los privados y los públicos. Entonces, en ese caso, indudablemente, nos vamos a inclinar por que sea público, tal cual la tradición de nuestro país y el interés nacional. Pero eso para cuestiones que sean eficientes, inteligentes, que no estén condenando al Uruguay. Nuestro país tiene que estar comunicado con todos. Lo peor que podemos hacer es echar a los barcos por el costo del abastecimiento, que es lo que estamos haciendo hoy. ¡Qué linda gracia que vayan al puerto de Río Grande! Todavía que los de Río Grande nos mandaron a Tamandaré sobre Paysandú, al marqués Álvarez de Souza, ahora se nos quedan con los barcos.

El otro tema: la cuestión de las patentes. Me ha sorprendido la afirmación y, por supuesto, vamos a apoyar la reincorporación del artículo. El ciclo de vida de un producto en el tiempo de hoy es menor que la demora en aprobar la patente. ¿Esa es la economía del conocimiento y la economía de la inteligencia que queremos desarrollar en este país? Realmente, el hecho de que nos hayan llamado la atención y que estén dispuestos a darle una solución a esta cuestión, nos debe hacer pensar. Ese sí es un rol fundamental de un Estado, de un país que quiera crecer; de eso se debe de preocupar el Estado. No de trancarlo todo y de demorarlo todo, sino de habilitar todo lo que no dañe. Estamos de acuerdo con aplicación concreta del conocimiento. Realmente estamos muy satisfechos y respaldamos claramente lo concerniente a los combustibles, la resolución del tema de las canteras y la reincorporación de los artículos relativos a las patentes; por supuesto que también estamos de acuerdo con los demás temas que van a obtener el apoyo unánime porque el planteo ministerial ha sido muy inteligente.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Agradecemos al ministro y su equipo por las explicaciones que han brindado.

Queremos plantear algunas inquietudes. Con respecto al tema del mercado de  los combustibles renovables, hasta ahora –según lo que hemos sabido– se exigía que la materia prima fuera nacional. Evidentemente eso fortalecía la producción y también significaba apostar a que hubiera pequeños productores que se dedicaran a generar esa materia prima para obtener estos combustibles renovables. De acuerdo con esto, sin embargo, en el artículo 294 se le agrega la palabra «importadas» y, de alguna forma,  me parece que eso viene a desincentivar esta producción que siempre se ha manifestado públicamente que debemos generar e impulsar. Nos llama la atención que se habilite ahora a importar cuando se exigía que fuera materia prima nacional.

En cuanto a los subsidios, no entendemos mucho por qué no se subsidia más al Instituto Nacional de Calidad que es, justamente, uno de los instrumentos que mide la calidad y que hace que nuestro país quede muy bien plantado a nivel internacional.

El ministro señaló que los parques industriales eran herramientas que había que fortalecer y por eso no entendemos por qué se debilita el parque de Pando y, por otro lado, se está de acuerdo –y de pronto lo compartimos– que se cree un polo en el norte. Nos gustaría saber si el ministerio participó en la generación de este polo y también por qué no se hace por el mismo mecanismo que está establecido por ley, sino que se crea otra herramienta legal que es la que se está instrumentando. 

Respecto al fueloil para los buques, me gustaría saber cuál es el impedimento para que la importación la haga Ancap, por cuenta y orden del cliente, sin eliminar el monopolio que, aparentemente, para algunos señores senadores no es importante. ¿Han tenido alguna propuesta concreta de algún privado interesado en esto? Quisiera saber si no existe riesgo de que lo comprado por un privado termine siendo contrabandeado al mercado interno.

En cuanto a la infraestructura pregunto si existen propuestas concretas de privados para arrendarla, porque es importante estar en conocimiento de ello.

Recién se hablaba de la importancia de la artesanía pero, justamente, aquí se mantiene vacante el cargo de director de la Dirección Nacional de Artesanía, Medianas y Pequeñas Empresas; a esta altura –y de acuerdo con lo que sabemos– funciona con una encargatura de despacho.

Con respecto al debilitamiento de recursos humanos –sobre lo que sabemos algo se dijo–, nos gustaría que se profundizara más en ese aspecto, sobre todo, teniendo en cuenta el Decreto n.° 90/20. ¿Se ha previsto realizar concursos de ingreso en el quinquenio? De ser así, quisiera saber en qué cargos y para qué unidades ejecutoras.

Me gustaría confirmar que no entendí mal lo que se dijo con relación al tema de la piratería. Se plantea que a aquellas empresas que no paguen legalmente sus impuestos, que se instalen, hagan socios y vendan un producto –por ejemplo, TV cable, etcétera–, se les corte el servicio por un mes ¿Eso es lo que exclusivamente plantea el artículo y no otro tipo de sanciones? ¿Se trata solamente de limitar para que se frene la ilegalidad? Reitero que me gustaría saber si entendí bien.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señor presidente. Saludamos la presencia del señor ministro, del señor subsecretario, de la directora general, de los jerarcas y asesores del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

Voy a formular una pregunta muy concreta, no relacionada con el articulado – porque no está referido allí el tema–, pero leyendo el planillado advierto que el Instituto Nacional de Calidad –Inacal–, deja de recibir asistencia a partir de 2021 por el resto del período. Sabemos que es una persona de derecho público no estatal, pero se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entendemos que este instituto –sucesor del Comité Nacional de Calidad– tiene como propósito desarrollar acciones para promover, difundir e implementar la cultura de la calidad y ha cumplido un rol importante. Ante esta advertencia que puede ponerlo en riesgo, queremos conocer la opinión de los representantes del ministerio, en cuanto le compete en esta temática.

Muchas gracias. 

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señor presidente. 

Damos la bienvenida a toda la delegación del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Quiero plantear algunas dudas. 

Con relación al artículo 289, relativo a las patentes, que fue desglosado en la Cámara de Representantes, me gustaría saber cuál es la realidad de aquellos emprendedores, laboratorios, etcétera, de nuestro país, que cuando muchas veces desarrollan algo resulta que las grandes empresas ya han presentado decenas de patentes. En cierta forma, esto inhabilita, congela o no permite el desarrollo de esas pequeñas empresas nacionales que logran algún invento o algún aporte. Concretamente, quisiera saber si el hecho de haber sacado este artículo del proyecto de ley afecta eso de lo que estoy hablando.

A continuación, me quiero referir al artículo 296. Más allá de lo que manifestó el señor senador Olesker sobre la pertinencia o no de que esté contemplado en este proyecto de ley de presupuesto, me gustaría saber cuál es la urgencia de incluir este tema, justamente cuando estamos en vísperas o a poco tiempo de considerar una iniciativa sobre combustibles que abordará el tema de manera integral. Reitero: ¿por qué este tema tiene que estar en este proyecto de ley de presupuesto y no puede esperar a los primeros meses del año que viene?

Muchas gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Simplemente, quiero dejar una constancia por algunas intervenciones previas vinculadas a la competitividad y a cómo debemos accionar.

Se daba la imagen de que veníamos de un Uruguay paralizado en ese sentido.  Yo quiero decir que, con respecto a los puertos y a los más grandes barcos, que fueron los cruceros –y sé de lo que estoy hablando–, el Uruguay pasó de tener 70 llegadas a tener 220 llegadas.

Nunca nadie planteó que fuera un factor de no competitividad el precio del combustible, porque las grandes empresas miran también otras cosas, como por ejemplo la calidad de los servicios del puerto, la calidad de los alimentos que proveía –de su fruta y su verdura– y la bromatología confiable del Uruguay.

Siempre deberá haber un equilibrio entre precio y calidad, pero quiero dejar constancia de que nunca fue un impedimento para crecer, y crecimos mucho.

A cualquiera que quiera hablar con esas empresas le van a decir que Uruguay era atractivo también por el canon que cobraba la ANP y por la calidad de los servicios que prestaba; en definitiva, es la calidad de sus trabajadores, que se entregaban de muy buena manera a una actividad que era nueva.

Simplemente quería dejarlo como constancia para no pasar por alto que parecía que veníamos de una burocracia que impedía el crecimiento, porque eso no es así. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizadas las intervenciones de las señoras y los señores senadores, corresponde al señor ministro designar a quien corresponda dar respuesta a las preguntas realizadas.

SEÑOR MINISTRO.- Muy bien. Voy a responder algunas cosas yo y otras los colegas.

Empiezo por el polo científico y tecnológico de Pando. Cuando asumimos la cartera, en marzo, ya recibimos los planteos de los directivos del polo científico y tecnológico de Pando en cuanto a que tendríamos que adelantar la asistencia del segundo semestre al primer semestre porque venían «corriéndola de atrás», entre comillas. En esa oportunidad se acordó, a nivel de la dirección del polo científico y tecnológico de Pando –que está integrado por la Universidad de la República, a través del director del Instituto Polo Tecnológico de Pando, que es un instituto de la Facultad de Química y representantes del ministerio, de la Intendencia de Canelones y de la Cámara de Industrias–, la realización de una consultoría que estudiara la situación, los desafíos, las oportunidades y la viabilidad del polo científico y tecnológico de Pando.

Dicha consultoría fue adjudicada a una consultora portuguesa especialista en polos tecnológicos, que la desarrolló y entregó su informe final en agosto, si no recuerdo mal. Entregó informes preliminares y entrevistó a todas las personas. El informe fue recibido por la directiva del parque y fue presentado al ministerio.

También hemos tenido reuniones sobre este tema con el rector de la Universidad de la República, con el decano de la Facultad de Química y con los directivos de la Cámara de Industrias.

Entendemos que ese informe que presentó la consultora es muy válido. Voy a entrar en un poco más de explicaciones al respecto para los señores senadores, que, evidentemente, no conocen los detalles de esto. 

El Polo Tecnológico de Pando, como emprendimiento de la Facultad de Química, empezó entre los años 2000 y 2001, cuando Ancap cedió en comodato sus laboratorios de Pando a la Facultad de Química. Así funcionó con aportes de la Udelar – creo que no hubo aportes de ningún organismo central– y con financiamiento internacional hasta el año 2010 o 2011 cuando por ley se aprobó el Parque Científico y Tecnológico de Pando. Entonces, el polo es un determinado instituto y alrededor se radicarían empresas del área de química, básicamente –también de nanotecnología y, eventualmente, de biología–, que podrían crear un cierto desarrollo sinérgico entre ellas y los científicos que están en el polo.

Para ese parque se acordó un aporte del ministerio de industria. Fue al parque,  no al polo; son cosas diferentes que hay que entender bien. Ese aporte se fue realizando en todo este tiempo –este año también–, está en el presupuesto para estos años y fue alcanzado por la reducción del 15 % establecida por el Decreto n.º 90/020.

¿Pero qué es lo que sucede? Este aporte pretendía solventar el funcionamiento del parque, pero se ha ido transformando con el tiempo –y es una de las cosas que indica la consultoría– en un refuerzo salarial para los investigadores del polo. El 40 % de los salarios que reciben los investigadores del polo se solventa con el aporte que hace el ministerio de industria, cuando esa no era su finalidad. Lo que hay aquí es una confusión de gobernanza entre el polo y el parque. El parque recibe los fondos, los vuelca al polo y este los usa. El concepto de remuneración compensada o supercompensada que tiene la Udelar generalmente está asociado a fondos no presupuestales que recibe vinculados a proyectos con fondos externos. Este no es un proyecto con fondo externo, sino un aporte fijo que hace el ministerio de industria. Fue canalizado de esta otra manera por el polo y se terminó transformando en un apoyo estable a los salarios, aunque esa no era la idea. Al mismo tiempo, el polo vende servicios a las empresas del parque y también genera ingresos genuinos.

Entonces, una de las recomendaciones de la consultora es: desaten el cordón umbilical entre el polo y el parque. Una cosa es que el parque, como emprendimiento público, tenga un apoyo público de fondos para su administración, para el mantenimiento de sus infraestructuras y, eventualmente, para invertir en el aumento de infraestructuras que son escasas para su tamaño y que podrían ser mejores, y otra es el apoyo académico que tiene el polo. Si de alguna manera el polo crea servicios de valor para las empresas que están radicadas en el parque o fuera de él y genera fondos, eso podrá originar complementos salariales, pero no el apoyo fijo del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esto es lo que llamamos romper el cordón umbilical.

El segundo tema que plantea la consultora –que también está asociado a este– es clarificar la gobernanza, porque hoy el presidente del parque es también el director del Instituto Polo Tecnológico de Pando. Hay una confusión de estructuras que provoca este problema sobre cómo se usan los fondos. Entonces, la segunda recomendación es «separen la gobernanza». 

La tercera recomendación de la consultora es: ¿por qué no aportan los otros socios al funcionamiento del parque, si es valioso? De hecho, hemos mantenido varias reuniones con la Intendencia de Canelones, que se está comprometiendo a realizar aportes o lo está analizando con buenos ojos. El aporte que puede hacer la intendencia, sobre todo, tiene que ver con la mejora de la infraestructura del parque, como mejorar la caminería, el saneamiento y demás. Estas son cosas que les resulta razonablemente sencillo hacer y que mejorarían bastante una infraestructura que hoy tiene problemas y que es uno de los inhibidores a que más empresas se radiquen dentro del parque. 

En todo este proceso estamos trabajando en conjunto con la Udelar, la Intendencia de Canelones y la Cámara de Industrias del Uruguay en una transición en la que el cordón umbilical se iría cortando para generar incentivos para el polo a efectos de que este busque emprendimientos y servicios y no dé por sentado que tiene un ingreso asegurado y que por lo tanto no es su problema y sigue en el asunto. Por otro lado, la idea es fortalecer la infraestructura, recibir más empresas y brindar más servicios. Hay una transición prevista sobre la que estamos conversando para ver cómo se va a realizar. No me han manifestado que se desvincularían 23 investigadores, sino que estamos buscando la forma de hacer la transición.

Termino diciendo dos cosas sobre el Parque Científico y Tecnológico de Pando. Primero: la gobernanza aún no está aclarada; o sea que todavía seguimos con la misma estructura de gobierno. Esto podría haber sido incluido en el presupuesto pero decidimos que era mejor dejarlo para una instancia posterior. Segundo: la transición que estamos manejando llevaría dos años o algo así –hay que analizarlo–, pero es bueno que termine con estructuras de incentivos favorables para desarrollar la actividad, captar inversiones y vender más servicios desde el parque hacia afuera del propio polo. En ese sentido queremos tener reglas de juego más claras que estas, que más bien no llevan hacia esa dirección.

Finalmente, una vez hechos estos cambios, a este ministerio le parece de relevancia contar con un parque científico y tecnológico que sea un foco en servicios químicos, en química fina, nanotecnología y biotecnología, en la medida que estén asociados; nos parece valioso el emprendimiento y por eso está previsto seguir sosteniéndolo.

En cuanto al Instituto Nacional de Calidad –y su antecesor, el Comité Nacional de Calidad–, entendemos que tuvo una iniciativa muy importante a principios de los noventa con el desarrollo del Premio Nacional de Calidad, que impulsó la sensibilización del ambiente empresarial y organizacional uruguayo sobre la importancia de la calidad. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Esa agua ha generado todo el movimiento de certificaciones de los procesos de calidad, los ISO 9000 y sucesivos, que tanto UNIT como el LSQA del LATU llevan adelante en el Uruguay, así como otros organismos pueden hacerlo en otros países.

Digamos que las empresas tienen muy incorporado el tema de la calidad como parte de su estrategia básica. De hecho, hay muchísimas empresas que se han certificado a nivel de las normas correspondientes. Entendemos que de alguna manera el Inacal logra autosustentarse o empieza a no tener tanta significación; es por eso que la asistencia económica no está en el presupuesto. Entiendo que esto es algo discutible, pero si ustedes lo piensan desde el punto de vista de la relevancia del tema se van a dar cuenta de que el tema de la calidad ya ha penetrado en toda la cultura empresarial y organizacional del Uruguay. Hoy eso es una realidad y lo que la gente busca es certificarse. Por supuesto que el premio es un incentivo, es algo reactivo, pero a esta altura ya es algo menos estratégico.

A continuación, voy a referirme a lo que planteó la señora senadora Kechichian sobre los cruceros. Ese es un mercado muy especial; los cruceros van parando en todos los puertos; pueden parar en Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este, y también repostar en Buenos Aires sin problema; eso no les cambia la vida. Sin embargo, si un cargo tiene que venir a Montevideo y además no tiene más remedio que repostar en Buenos Aires o en el puerto de Río Grande –el «superporto»–, eso implica una debilidad para el puerto de Montevideo. De hecho, es un problema, aunque no para los cruceros, que son 220. Han crecido; nos parece muy bien y lo celebramos – lamentablemente ahora en pandemia es otra la situación, pero ese es otro tema–, pero sabemos que esto no los afecta. Este es un problema para el tráfico de carga, que es el que Montevideo tiene que potenciar y que es muchísimo más que 220 vehículos.

El monopolio, filosóficamente –podemos compartirlo más o menos– fue previsto para asegurar el suministro de combustibles al mercado uruguayo y no para que Ancap no tenga problemas. El monopolio es un objetivo en sí mismo, es decir que, por una cuestión estratégica, nos aseguramos de que los combustibles estén disponibles y para eso le damos la seguridad a Ancap de que va a poder funcionar. Será discutible si ese instrumento es válido o no, pero hay otro negocio que no tiene nada que ver con este objetivo estratégico: tener un puerto competitivo, que le va a dar combustible a buques que salen del país, no a la economía uruguaya en sí misma. El hecho de tener un atractivo para esos buques también es estratégico para el país y si el monopolio ahí es un obstáculo levantemos el monopolio. ¿Y por qué no lo hace Ancap importando? Sí, hay formas de hacerlo. No lo está haciéndo y no lo ha hecho en los últimos años; por algo es: se ve que para el foco del negocio de Ancap esto es muy secundario.

Además, hay que tener en cuenta que este tipo de negocio de comprar y de vender combustible tiene un nivel de riesgo, que los traders hacen bien –porque es lo que hacen–, pero que para Ancap es un negocio bien diferente y no es lo que hace. Entonces, ¿por qué le vamos a dar ese problema a Ancap, que de hecho está rehuyéndolo? Además, no está rehuyendo porque haya directivas políticas de no hacerlo; la prueba está en que sigue sin hacerlo a pesar de que cambian los gobiernos. No lo hace porque no es el foco; el foco es atender el mercado interno de los combustibles líquidos, hacer funcionar la refinería, atender la producción de biocombustibles; por lo tanto, cargar a Ancap con un monopolio es como tener un subproducto no querido del monopolio general. Es bastante claro que así es. 

Con respecto al tema de los insumos importados de biocombustibles, queremos decir que para el desarrollo de una industria de biocombustibles con potencia exportadora –con estos nuevos biocombustibles que están viniendo– quizás la producción local de aceite de soja no sea suficiente, y por eso hay que abrir la posibilidad de importar desde Argentina. Es por eso que se pone y si ustedes ven algún riesgo podemos aclararlo, pero ese es el objetivo concreto y se los digo con toda claridad.

Respecto de lo que se busca sobre la piratería, que explicó muy bien el director Acosta y Lara, lo que se pretende es tomar una medida administrativa rápida y disuasiva, más allá de los procesos judiciales que pueda haber después y que pueden llevar a clausuras, multas, sanciones o lo que fuera. Para decirlo de una manera gráfica: un señor con una moto recorre una ciudad pequeña del interior y vende la suscripción para un servicio en el exterior que tiene todos los contenidos a la tercera parte del precio de cualquier servicio nacional, pero no hay forma de controlarlo porque cuando uno quiere acordar ya cambió las claves, cambió la dirección de IP y cambió todo. Ahora bien, si soy un cliente de ese señor, me clausuran el servicio y a la semana tengo que contratar otra clave y demás, se convierte en un desestímulo para seguir por ese camino. Ese es el objetivo del artículo. Puedo entender que pueda tener una peor o mejor redacción, tema que nos dio bastante trabajo, pero el objetivo es desestimular ese tipo de servicio pirata y no salir a discutir en general sobre contenidos que pueden estar en internet y que hay que clausurarlos. El objetivo es perseguir la suscripción a un servicio que hay y que le está haciendo una competencia muy dura a los cableoperadores del interior. 

En cuanto a las cooperativas en los parques industriales, cabe destacar que esta modificación fue realizada por la Cámara de Representantes. Nosotros la habíamos 

mantenido y no tengo claro el fundamento, pero supongo que el objetivo es querer amplificar, es decir que los socios estratégicos pueden ser cooperativas o no.

Respecto a la cobertura 5G, con toda franqueza, creo que Uruguay debe avanzar en esa dirección. Y con la misma franqueza digo que no sabemos a qué ritmo podremos hacerlo. Es un tema con bastantes aristas, algunas de ellas vinculadas a temas geopolíticos, otras a preocupaciones de la ciudadanía que hay que ir gestionando, y  otras a la capacidad de inversión.

La idea del ministerio es que los operadores de telecomunicaciones, Antel y los demás, puedan avanzar en esta dirección a una cierta velocidad en función de la exigencia del mercado internacional. Hoy somos líderes, pero –como lo dijo la señora senadora– tenemos unas pocas bases –está en 28 GHz–; bases de poca penetración, más bien experimentales. Hay dos frecuencias que podrían usarse para un 5G de mayor penetración: la 2.6 y la 3.5. La banda 2.6 se subastó el año pasado, en primera instancia para ser utilizada en 4G, pero se puede transformar en 5G. La subasta ha tenido muchos problemas legales y jurídicos, tema en el que hoy no voy a profundizar. Ha habido recursos que no fueron contestados y que amenazan la nulidad. Estamos en un proceso complejo de conseguir que aquellos que ocupan la banda 2.6 adyacentes acepten una mudanza, pero es la banda que se usaría primero. El 5G Ready –que es tecnología 4G que se puede rápidamente transformar en 5G– es lo que Antel ya está empezando a instalar. Vamos a ir con ese primero. En la banda 3.5 hay que negociar para sacar a un ocupante. Es correcto lo que dice la señora senadora.

Pensamos, entonces, sobre todo en la banda 2.6. Es cierto que avanzar en 4G en todo el país es todavía una materia pendiente. 3G tiene una cobertura razonable, pero ya no sirve para lo que la usamos en los celulares. 4G es la que podríamos tratar de universalizar. Si ustedes toman una ruta cualquiera del país podrán ver que la cobertura de 4G es bastante limitada. Y podemos usar el 2.6, que fue subastado, y después transformarlo en 5G.

Esto es cuanto puedo contestar, un poco en borrador, a la señora senadora. 

Con respecto al tema del dique Mauá, que ha sido muy conversado, debemos decir que el ministerio tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, La Ópera, en la calle Sarandí; el viejo edificio de la Compañía del Gas; el gasómetro de la Rambla Sur, y algún predio en el dique Mauá, no en la parte pública que a todo el mundo preocupa, pero sí alguna parte de la zona histórica. Lo que nosotros dijimos en la Cámara de Representantes es que pensábamos que el ministerio debía tener una sede única, no cuadro sedes dispersas, y que a través de lo producido de alguna de esas enajenaciones podríamos llegar a conseguir recursos. Es una impresión de deseo que tal vez no coincida con la del presidente de la república, que pretende tener otros destinos para la venta de inmuebles, como ustedes han visto.

Sobre el Dique Mauá, lo que les puedo decir hoy es que no pensamos que haya que enajenarlo. Pensamos, sí, que hay que lograr un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para elaborar un proyecto, que podrá incluir un comodato o lo que sea.

En cuanto a Dinapyme, efectivamente existe una encargatura de funciones a la señora Ana Inés Antía, que ha trabajado con mucho entusiasmo y bien, y los instrumentos están en funcionamiento. La verdad es que no pensamos que la dirección tenga que frenar; tiene presupuesto asignado, tiene sus tareas para cumplir. Es verdad que, por otro lado, hay una iniciativa muy fuerte del Gobierno en potenciar el apoyo a las pymes desde la ANDE, y en ese sentido estamos en conversaciones para coordinar esos esfuerzos. Pero la Dinapyme tal vez tenga que ponerle un rol un poquito más de industria y artesanía, y el resto de las pymes quizás deban ser contempladas con más fuerza en la ANDE. Estamos en este momento conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas en esa dirección, y de acuerdo a cómo termine eso, será cómo nos repartimos los roles. Nos visualizamos coparticipando en la dirección de ANDE, por lo menos en la definición de instrumentos también. Sabemos de la importancia de la pequeña y mediana empresa para el país, y para este ministerio es estratégica, pero sobre todo, en nuestro cometido, es estratégico que la pyme industrial tenga fuerza. Y es por ahí que vamos a ir.

Le cedo el uso de la palabra al señor subsecretario por el tema de los instrumentos de promoción.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- La señora senadora Nane hizo referencia a los instrumentos que mencionamos.

En realidad, dije que también que estaban todos bajo revisión. Por lo tanto, los indicadores y la planificación estratégica de los mismos están en revisión, y seguramente los vamos a tener prontos en el correr de los próximos meses.

De todas formas, quiero decir que muchos de estos instrumentos se están ejecutando. Cuando asumimos el Gobierno, el 1.º de marzo, ninguno de ellos estaba lanzado para el llamado de este año, y a muchos los pudimos lanzar. También es cierto que sufrimos las serias dificultades que le generó al país la parálisis de la pandemia que todavía estamos transitando. Lo estamos haciendo muy bien, pero los ministerios tuvieron que trabajar con la mitad de los funcionarios, otros en teletrabajo, etcétera. Todos sabemos de qué estamos hablando.

Igualmente, hay muchos más de tres. El Fondo Industrial está en proceso, está lanzado; las cuatro herramientas que tiene Dirección Nacional de Energía – electrificación rural; energías renovables; especialización productiva, y Proyectos Movés y Biovalor– están en ejecución. En Dinapyme hay tres de las que mencioné en ejecución: procertificación, emprendedores y desarrollo artesanal. En Dinatel hay varias en ejecución y una para lanzarse ahora, en el mes de diciembre. Sabemos que teníamos que haberlo hecho antes, pero repito, fue una de las consecuencias de las dificultades que generó el comenzar un Gobierno y a los 13 días encontrarnos con tener que resolver los problemas que surgieron como consecuencia de la pandemia.

La convocatoria de Mujeres 8M también está lanzada. En Dinatel están la convocatoria Series UY, Contenidos Audiovisuales y la relativa a promoción de la internacionalización de las empresas de la industria audiovisual. La de apoyo a eventos internacionales de videojuegos que se realizarán en Uruguay está prevista para el mes  de diciembre.

Aspiramos a tener todo en el año próximo, en el año 2021, y a tener lanzados todos estos programas de apoyo. Repito, el objetivo del ministerio fue potenciarlos, reformarlos –en los casos en que se hayan que reformar–, pero no dejarlos de aplicar. Los recortes, los ahorros presupuestales no vinieron precisamente por los programas de desarrollo.

La senadora también preguntaba –seguramente el director Acosta y Lara podrá profundizar en ese punto– por el Servicio Postal Universal. El Servicio Postal Universal es una obligación que tiene el Estado de brindar el servicio postal a todos los lugares del país donde la actividad privada no llega porque no le es rentable. En definitiva, se trata de garantizar a todos los ciudadanos del país el mismo servicio postal, tanto al que vive en Montevideo como al que vive en el último pueblo del departamento de Artigas, por decirlo claramente, para que se entienda. Esto se hace a costo del Estado y para ello hay una tasa postal universal, creada por una ley que, a su vez, transfirió al Ministerio de Industria, Energía y Minería la tutela jurídica del correo nacional, que antes estaba en el Ministerio de Educación y Cultura. Personalmente tuve el gusto de integrar la comisión de industria, junto al hoy senador Niffouri, cuando se aprobó. 

En cuanto al tema combustibles y la razón de la liberalización, la desmonopolización de los puertos del Uruguay, creo que el ministro ha sido muy claro. También compartimos las expresiones del senador Botana. Es un tema de eficiencia y de hacer competitivo a un aspecto de la logística uruguaya que necesitamos en mejores condiciones, como es el puerto. Podríamos hablar del aeropuerto también, pero no fue incluido en la Cámara de Diputados.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias por la aclaración respecto a las convocatorias. Yo había mirado el sitio web y era respecto solamente a videojuegos, pero ya veo que todas las demás están vigentes.

SEÑOR MINISTRO.- Creo que la directora nacional de la Propiedad Industrial puede comentar algo más sobre el asunto de las patentes.

SEÑORA ESTRADA.- Muchas gracias por la consulta, porque nos permite aclarar un poco el tema.

Me parece importante volver a destacar que la norma no es prohibitiva. Habilita la posibilidad del titular de una patente de accionar contra quien haya hecho uso indebido de la misma a partir de que fue pública. Y quien definirá eso será la Justicia Ordinaria.

Entiendo como algo que se desprende de la consulta que ciertos agentes han presentado patentes a efectos de bloquear un mercado. Eso no nos consta. No es así. De hecho, a partir de 2013, año en el que se eliminó la protección provisoria, la solicitud de patentes bajó un 20 %, lo cual demuestra que efectivamente el incentivo bajó para los innovadores.

Por otra parte, me parece importante aclarar que la solicitud de una patente no inhibe a otros innovadores, sino que todo lo contrario. La lógica de la patente es darle a la persona física o jurídica un incentivo económico para invertir en investigación y desarrollo, a efectos de que en definitiva resulten inversiones que, lógicamente, serán la base para futuras invenciones. Sin la protección debida contra el uso no autorizado, los inventores podrán mantener sus invenciones en secreto, mientras que con la solicitud  del patentamiento, por ley dichas patentes deben publicarse.

Por otro lado, es importante destacar que la desprotección no solo perjudica a los inventores internacionales, sino que también –y mucho– a los nacionales.

SEÑOR DOMENECH.- Me interesaría saber si pueden cuantificarse los inventores nacionales y extranjeros, o sea, cuántas patentes responden a inventores del país y cuántas vienen del extranjero.

SEÑORA ESTRADA.- El 10 % pertenecen a inventores nacionales y el 90 %, a internacionales.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a ceder el uso de la palabra a la directora general, por el tema de la línea de base.

SEÑORA RUBIO.- La consulta fue de la senadora Nane respecto a si se había bajado el crédito que anteriormente estaba en el presupuesto para transferencias al LATU.

Lo que el Ministerio de Industria, Energía y Minería hizo fue negociar una línea base con el Ministerio de Economía y Finanzas y con OPP. Y esa línea base se distribuyó no bajando un crédito u otro, sino que acordamos una línea base para todo el ministerio. De acuerdo a eso, respetando obviamente remuneraciones –que no se pueden tocar–, dividimos en funcionamiento e inversiones. De hecho, aumentamos para política en $ 100:000.000 la distribución de la línea base y en inversiones también, fortaleciendo principalmente Dinamige, que estaba bastante atrasada con inversiones que estaba requiriendo y para las que no tenía presupuesto. 

Por lo tanto, lo que hicimos fue acordar esa línea base y nosotros la distribuimos en gastos y funcionamiento, pero no renunciando a uno u otro. La distribución la hizo internamente el ministerio.

SEÑORA NANE.- Mi pregunta era concretamente sobre el LATU. Por lo tanto, la respuesta es que sí, que se cambió la línea base en esas condiciones de negociación que usted acaba de mencionar.

SEÑORA RUBIO.- No. El ministerio nos presentó una línea base total de $ 1.267:642.000 y eso fue lo que se mantuvo. Esa línea base fue la que se respetó. Obviamente, a la baja no lo íbamos a permitir, pero no pudimos subirla tampoco. Esa fue la línea base con la que el Ministerio de Industria, Energía y Minería luego, en posteriores etapas, elaboró su presupuesto.

SEÑORA PECOY.- Con respecto a la modificación de los artículos 277 y 278 de la comisión asesora de los parques industriales, es necesario aclarar que el dictamen, si bien es previo, no es preceptivo ni discrecional, por lo que en la práctica se traduce en un trámite administrativo en el que la comisión se limita a recomendar favorablemente la instalación de parques o habilitación de usuarios que hayan cumplido con los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la materia específica, sin perjuicio de los demás requisitos que debe cumplir en el ámbito de las competencias de otros organismos, por ejemplo: municipal, ambiental, disposición de residuos, etcétera. No vemos que haya una pérdida de participación, en especial, de los actores territoriales –el Congreso Nacional de Intendentes–, porque las habilitaciones de localización de todos los emprendimientos deben pasar por aprobaciones de ordenamiento territorial, tanto nacional como departamental, además de pasar por las aprobaciones de Dinama.

Incluso, en determinados casos, en las aprobaciones de parques industriales, Dinama termina categorizándolos como «C», y eso significa que deben asistir, además, a consulta pública. O sea que en realidad todos los aprobados hasta ahora han tenido consulta pública. Por lo tanto, no creemos que limite, sino que al contrario. Le estamos evitando un retraso de meses a la aprobación de parques industriales, a los que, por otro lado, si cumplen con todos los requisitos legales, no hay manera de decirles que no a la aprobación de la instalación. Simplemente estamos reduciendo el tiempo.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quisiera formular algunas preguntas que me parece que no se respondieron: si hay algún privado interesado, ya sea en el tema de arrendamiento o en el tema de los combustibles para los buques, y si está previsto en el quinquenio llamar a concurso para algunos cargos en el ministerio. Creo que eso no me fue respondido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me gustaría realizar una sola pregunta al señor ministro que está vinculada a una afirmación que acaba de realizar el señor subsecretario. Concretamente, tiene que ver con el tema de los bunkers y del combustible en el puerto. El señor subsecretario manifestaba que el aeropuerto podía ser también otro lugar en el cual se aplicara esta política. Quería conocer la opinión del ministerio en cuanto a la eventualidad de poder extender esta norma a los aeropuertos, especialmente al Aeropuerto de Carrasco.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, de Ancap tengo información de solicitudes – creo que lo dije en sala– de servicios de arrendamiento de tancaje para la entrada del Río de la Plata en José Ignacio y en La Teja, que hubo que denegar por razones jurídicas, según entendieron ellos en su momento. Y ellos son los que me pidieron agregar este artículo, más allá de que además me parece que se lo ve como algo malo cuando, en realidad, estamos generando con infraestructura ociosa que tiene Ancap mayores ingresos. No veo un problema por ese lado; al contrario, lo veo como una mejora. Por eso me lo pide Ancap, además. No me lo pide porque le guste hacer malos negocios. Me lo pide porque tiene algo que le gustaría usar y no se lo permiten.

Sobre el tema del bunker también, pero en este caso del combustible aeronáutico, sobre todo el famoso Jet A1, que es el querosén que se usa para los aviones jet, efectivamente no veo un inconveniente para incorporarlo en la disposición. Es un negocio un poco distinto. No lo da Ducsa. Lo da Ancap directamente o Petrobras, en el Aeropuerto de Carrasco. Y sí es verdad que hay ciertas limitaciones a la producción, pero sobre todo acá hay problemas más de costos, porque lo que a veces puede hacer Ancap para conseguir el combustible que le falte es convertir combustible más caro en Jet A1, es decir, generar más querosén en vez de más nafta. No ha sucedido que un avión no tenga combustible. Lo que a veces sucede es que se reconvierte algo que se puede vender más caro en algo más barato. De manera que para Ancap creo que es algo bueno poder tener el Jet A1.

Pero además –y esto tenemos que tenerlo claro todos aquí– más de una vez alguna línea área se ha quejado del costo de los combustibles en el Uruguay. En particular, tenemos el recuerdo de lo que sucedió con Pluna. Para darles una idea, el 50

% de los costos de una línea área es el combustible. 

En definitiva, tener más disponibilidad de combustible para un negocio que también es marginal para Ancap, que tampoco le genera ninguna movida en su línea de base, puede ser atendible. Nosotros no llegamos a este artículo por ese lado; llegamos por el lado del puerto, que lo vemos como algo muy claro. Pero creo que esto vale la pena estudiarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La última pregunta de la señora senadora Della Ventura estaba vinculada al tema de los funcionarios.